Desde el nodo comarcal del Plan de Choque Social en el Campo de Gibraltar queremos denunciar la incapacidad de las administraciones públicas para garantizar los derechos básicos de nuestro pueblo ante la situación de emergencia social que estamos atravesando.
La gravísima situación derivada de la pandemia hace más patente el deterioro de las condiciones de vida de cada vez más capas de la población; muestra de ello son la desorganización a la hora de garantizar el tema alimentario, la ausencia de un albergue público, el colapso de los Servicios Sociales, la falta de asistencia para acceder, solicitar y conseguir ayudas públicas (ERTEs, Ingreso Mínimo Vital), la incapacidad de gestionar la situación administrativa de la población migrante.
Esta situación de falta de recursos se vería aliviada si la población tuviera un mejor acceso a las ayudas públicas, algo ante lo que las instituciones tampoco han respondido, dejando a sus trabajadores/as de Servicios Sociales con una sobrecarga de trabajo nunca antes vista. La población más vulnerable es precisamente aquella que necesita más ayuda a la hora de solicitar las prestaciones. Si esta asistencia no existe, esta percepción económica básica se convertirá en una promesa incumplida bajo trabas burocráticas.
Por todo ello, desde el nodo comarcal del Plan de Choque exigimos:
– Que se establezca un dispositivo de urgencia que dote de medios y recursos suficientes para agilizar la red de servicios públicos que se encargarán de la atención, asesoramiento y gestión de las prestaciones, para que garanticen el cobro de los ERTEs y la solicitud del INGRESO MÍNIMO VITAL. Si las instituciones no se hacen cargo de esto, recaerá sobre entidades sociales privadas que no tienen los medios necesarios para hacer esta labor que es responsabilidad de los servicios públicos.
– Que se dé respuesta al problema alimentario, que hasta ahora ha estado en manos bien de la caridad (una solución asistencialista bajo el eufemismo de “colaboración público-privada”, expresión que les sirve a los poderes públicos para desentenderse de la responsabilidad que tienen de garantizar una vida digna) o bien de redes de apoyo vecinal y ciudadano, que han hecho un gran trabajo solidario en estos tiempos de crisis.
– Que se proceda de inmediato a la regularización de la población migrante en situación administración irregular a fin de permitirles los más elementales derechos de ciudadanía y acceso a las ayudas públicas a aquellas personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y que frecuentemente se ven forzadas a asumir todo tipo de abusos para evitar la deportación.
En definitiva, desde el nodo comarcal del Plan de Choque Social exige que se adopten cuantas medidas sean necesarias para garantizar una vida digna a la mayoría social.
