La Fiscalía de Sevilla va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que levante el aforamiento del presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, el juez en excedencia Francisco de Asís Serrano Castro, con el fin de investigarlo por un posible delito al haber inflado el valor de una empresa de su propiedad para lograr una pública de 2,5 millones de euros para un proyecto empresarial que además no se llevó a cabo, por lo que Hacienda reclama desde finales del año pasado la devolución de todo el dinero más intereses.
El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF comenzó a investigar a Serrano después de que FACUA y el diario InfoLibre destaparan que Hacienda reclamaba a una empresa creada por el líder de Vox en Andalucía que devolviese 2,5 millones de euros de dinero público que recibió del Ministerio de Industria en 2016 como financiación para desarrollar un proyecto que no llevó a cabo en el plazo establecido y del que tampoco aportó documentación justificativa pese a los requerimientos de la Administración.
El pasado 21 de octubre, el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, fue citado por la UDEF para que declarase y aportase documentación sobre los hechos que había dado a conocer FACUA. Sánchez actuó en calidad de denunciante. Tres días después, la Fiscalía inició su investigación.
Se da la circunstancia de que dirigentes de la formación de ultraderecha han venido acusando a FACUA de irregularidades con subvenciones y sembrando el bulo de que tiene pendiente la devolución de dinero público. En varias ocasiones, Serrano ha tildado públicamente de «ultrasubvencionado» al portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, que viene siendo objeto de numerosos insultos y acusaciones calumniosas por parte de dirigentes de Vox.
El pasado septiembre, durante una entrevista en el programa de Público TV Otra Vuelta de Tuerka, Sánchez adelantó información sobre este caso, que el diario InfoLibre investigó en profundidad durante meses.
El
jefe de Vox en Andalucía, el juez Serrano, montó una empresa para
recibir 2,5 millones de dinero público. El proyecto nunca se ejecutó.
Ahora, Hacienda reclama el dinero.
Los que acusan a @facua, entidades feministas y memorialistas de abusos con subvenciones, ante el espejo. pic.twitter.com/uiCJXzRv9j— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) October 13, 2019
Bio Wood Niebla SL fue creada por el juez Serrano y su entonces socio Enrique Pelegrín Díaz el 30 de marzo de 2016. Ocho meses después, recibió un préstamo de 2.489.000 euros que debían destinarse a la implantación en la localidad onubense de Niebla de una nueva fábrica de pellets, un combustible que se obtiene de la recuperación de subproductos derivados de la madera como el serrín. La ayuda, a devolver en 10 años con 3 de carencia, la concedió el entonces denominado Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la Secretaría General de Industria y de la Pyme (SgiPyme) el 1 de diciembre de 2016.
A día de hoy, la fábrica no existe. La empresa sólo cumplió el primer año con la obligación de depositar sus cuentas en el Registro Mercantil, al que ha ocultado su situación y movimientos de dinero dede 2017.
En marzo de 2017, Bio Wood Niebla SL firmó un contrato con el Ayuntamiento del municipio onubense por el que le alquiló las 6,7 hectáreas de suelo municipal donde se construiría la fábrica por sólo 600 euros al mes. Un año y medio después, convenció al consistorio para que cancelase el contrato y le cediese el derecho de uso de los terrenos durante 30 años. «La instalación de esta industria en Niebla creará empleo directo para unas 14 personas en los departamentos de producción y administración de la fábrica, y más de 200 indirectos», aseguraba la empresa en su página web, que el pasado de julio dejó de estar operativa.
Tras haber anunciado que «con seguridad» la fábrica estaría «a pleno rendimiento» a finales de 2017, en octubre de ese año la empresa aseguró que finalmente iniciaría su produción en febrero del año siguiente. Pero lo que ocurrió en esa fecha fue que el Boletín Oficial del Registro Mercantil recogió que Serrano había abandonado la sociedad. El jefe de Vox en Andalucía dejó su cargo de administrador solidario de Bio Wood Niebla SL después de que él y su socio hubiesen recudido su capital social de 1.238.000 millones a 7.000 euros. Un capital que volvió a ser ampliado posteriormente. En la actualidad, la fábrica sigue sin estar operativa.
Según la Orden ministerial por la que se establecen las bases para la concesión de los apoyos económicos a los que se acogió Bio Wood Niebla SL, «las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el 1 de enero del año de la correspondiente convocatoria y hasta un plazo máximo de dieciocho meses contados desde la fecha de resolución de la concesión». Pero la empresa no sólo no cumplió el plazo, sino que tampoco ha devuelto el préstamo después de que Industria le abriese un expediente de reintegro
El plazo que se concedía para presentar la justificación de la inversión finalizó el 24 de agosto de 2018. Dado que Bio Wood Niebla SL no presentó la documentación correspondiente, en cumplimiento de la ley de subvenciones, Industria le requirió que lo hiciera. La empresa no aportó la documentación requerida, por lo que se inició procedimiento de reintegro del préstamo concedido, que se resolvió el 5 de junio de 2019. Junto con la resolución se enviaron las cartas de pago para que la sociedad devolviese todo el préstamo más los intereses de demora que establece la normativa por incumplimiento. El 20 de julio -que pasó al 22 por ser sábado- finalizó el plazo voluntario para la devolución y el caso pasó a la Agencia Tributaria.
2,5 millones de euros
En 2016, mientras cumplía su condena por prevaricación, Serrano creó una empresa con el fin de pedir una financiación millonaria al Ministerio de Industria por un proyecto que nunca se llevaría a cabo. Para acceder al dinero público, el jefe de Vox en Andalucía y su entonces socio Enrique Pelegrín Díaz constituyeron una sociedad limitada ante notario, Bio Wood Niebla SL, asegurando que su capital social se elevaba a 1,2 millones de euros: 7.000 euros que ambos pusieron en efectivo y máquinas que cada uno aportaba por un valor total de 1.238.000 euros.
Así, el supuesto capital social inicial de Bio Wood Niebla SL era de 1.245.000 euros, dividido en el mismo número de participaciones, de un euro cada una. Serrano era el socio principal, con un 60%, y aportó el capital a través de su empresa Serrano Abogados de Familia SLP (Sociedad Limitada Profesional). Según la información que consta en el Registro Mercantil, puso 4.200 euros en efectivo y un «secadero rotativo LN 10.000 con caldera de biomasa» por valor de 742.800 euros. En la escritura pública, el juez manifestó que era dueño del secadero «por justo y legítimo título, no adeudando nada por su adquisición». Por su parte, Pelegrín aportó 2.800 euros en efectivo y tres granuladoras para la fabricación de pellets valoradas en 495.200 euros, de las que también afirmó ser dueño «por justo y legítimo título».
Pero lo cierto es que ni Serrano era propietario del secadero ni Pelegrín de las granuladoras. El 30 de diciembre de 2016, 36 días después de que, el 24 de noviembre de 2016, Industria hubiese otorgado a la empresa la financiación, de 2.489.000 euros, el juez entonces inhabilitado y su socio descapitalizaron la empresa para que su patrimonio dejase de ser falso. Lo hicieron mediante la supuesta devolución a ambos de la maquinaria que habían declarado al constituir el negocio. La maquinaria que, según ha reconocido hace unos días el jefe de Vox en Andalucía, nunca existió.
En realidad, el juez condenado por prevaricación y su socio sólo habian puesto 7.000 euros para constituir la empresa. Pero con su ardid simularon que el negocio valía 178 veces más para así recibir el dinero público. Si hubieran declarado al Ministerio de Industria su valor real al pedir la financiación, habría recibido un máximo de 21.000 euros. Y es que la orden que regulaba las ayudas públicas establecía que las empresas recién creadas sólo podían pedir un importe que no superara el triple de su capital social.
La ley no permite facturas proforma para justificar el capital de una sociedad
Bio Wood Niebla SL fue constituida el 30 de marzo de 2016, 21 días después de la convocatoria de ayudas a la inversión industrial lanzada por Industria (programa Reindus) y 18 días antes de que el Ministerio abriese el plazo para su solicitud. En su escritura de constitución se hace constar por los socios aportantes que la maquinaria fue adquirida por justo título y que no adeudaban cantidad alguna por su adquisición. Era falso. Después de que FACUA e Infolibre destapasen que Hacienda reclama los 2,5 millones más intereses a la empresa que crearon Serrano y Pelegrín, el jefe de Vox en Andalucía lanzó un hilo desde su cuenta de Twitter a modo de comunicado en el que aseguró que al constituir la empresa -el 30 de marzo de 2016- se aportaron «facturas proforma referentes a esa maquinaria» y que el notario, Álvaro Sánchez Fernández, consideró «suficiente» dicha documentación.
Expertos consultados por FACUA advierten de que la fórmula utilizada por Serrano y su socio para constituir la empresa vulneró la Ley de Sociedades de Capital. «Debemos considerar irregular una escritura de constitución de una sociedad limitada en la que se tiene en consideración, para el cálculo del capital social, la aportación de una maquinaria que no es titularidad de ninguno de los socios fundadores y que, en consecuencia, y a pesar de lo que se manifiesta en la escritura, no se transfiere al patrimonio de la sociedad», señala Manuel Dopico Gómez-Aller, abogado especializado en derecho mercantil.
Así, en relación a la maquinaria que supuestamente aportaron al capital social, «cabría considerar que se trataba de una compraventa en el que el precio no estuviera totalmente desembolsado, lo que no parece ser el caso dado que nos encontramos ante una factura proforma. Sin embargo, incluso en ese caso no sería posible contabilizar, a efectos de establecer el capital social, el precio total del bien que se aporta al mismo, puesto que la Dirección General de Registros y Notariado estableció que en ese caso únicamente se podría contabilizar como capital social el importe de la compra realmente satisfecho», continúa Dopico. «Por tanto, y a pesar de que éste no parece el supuesto de hecho (dado que no se aporta una factura sino una factura proforma), nunca se podría haber contabilizado como capital social el valor total de de los bienes muebles relacionados si no habían sido abonados en su totalidad en el momento de constituirse la sociedad».
Este experto añade que «el artículo 59 de la ley de Sociedades de Capital establece que será nula la creación de participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial. Su artículo 60 establece que salvo que se manifieste algo diferente en la escritura de constitución, toda aportación se efectuará a título de propiedad. Por otra parte, tanto dicha ley como el Código Civil establecen un régimen de responsabilidades de los socios fundadores en relación a la realidad y veracidad de las aportaciones no dinerarias efectuadas en el acto de constitución (lógicamente también en posteriores ampliaciones de capital)».
«Una de las diferencias existentes entre la constitución de una sociedad limitada y una sociedad anónima es que en la primera, el capital social ha de estar totalmente desembolsado en el momento de la constitución de la sociedad, mientras que en la segunda, la Ley prevé la posibilidad de que se pueda diferir la aportación del capital social hasta en un 75% a un momento posterior (desembolsos pendientes). En el presente caso nos encontramos ante la constitución de una sociedad limitada, por lo que el capital social aportado, sea dinerario o no dinerario, debe estar totalmente desembolsado en el momento de la constitución», finaliza Dopico.
Serrano y Pelegrín dimitieron como administradores solidarios de Bio Wood Niebla SL en una junta de accionistas celebrada el 4 de octubre de 2017, más de diez meses después de que Industria otorgase la financiación millonaria. El jefe de Vox en Andalucía abandonó el negocio y su socio pasó a ser administrador único. Dado que el proyecto no se ejecutó en el plazo establecido en la norma reguladora de las ayudas y la empresa no justificó el destino del dinero, Industria inició un expediente para que reintegrase «todo el préstamo más los intereses de demora», resuelto el 5 de junio de 2019. El plazo voluntario para entregar el dinero finalizó el pasado 20 de julio, aunque al ser sábado se trasladó al lunes 22. Al no producirse devolución alguna, el caso pasó a Hacienda.
