Un despacho de la agencia Europa Press que recogen diveros medios, dice que: a portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha puesto en valor el real decreto aprobado en marzo con medidas para afrontar la salida del Reino Unido de la UE en el caso de que no sea pactada, y ha recordado que recibió el voto en contra del PP.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha asegurado que el Gobierno prefiere no tener que aplicar esas previsiones que se acordaron con el Ejecutivo británico, pero ha destacado la importancia de que estén aprobadas y puedan ser efectivas en caso de Brexit duro.
La norma que convalidó el Congreso incluye «soluciones» para varios grupos de personas que se verán especialmente afectadas por la salida sin acuerdo del Reino Unido, ha dicho la portavoz.
Las medidas son unilaterales pero están sujetas a la reciprocidad por parte de Reino Unido. En virtud del decreto, si Reino Unido termina saliendo de la UE de forma abrupta, los alrededor de 400.000 británicos que viven en España tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para solicitar su Tarjeta de Identidad de Extranjero, el documento que acreditará de forma definitiva su residencia legal en España. El Gobierno espera tener listos todos sus documentos en un plazo de 21 meses desde la fecha de salida.
Además, sus permisos de conducir tendrán en España una validez de nueve meses y en ese plazo podrán canjearlo por uno español. Después de ese periodo no será posible el canje hasta que España y Reino Unido firmen un convenio bilateral para ello.
El decreto regula el procedimiento para la emisión de una autorización de trabajo a los nacionales del Reino Unido que sean trabajadores fronterizos en España, y ello «se condiciona a un tratamiento recíproco a los nacionales españoles por las autoridades británicas que garantice el mantenimiento de la actividad laboral especialmente en Gibraltar, donde diariamente se trasladan a trabajar 9.000 trabajadores españoles».
En la misma línea, aunque los gibraltareños serán «nacionales de un tercer Estado», se hará lo posible para que no haya «disrupción en los flujos de personas que transitan».
CUALIFICACIONES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS
El decreto aprobado para el caso de que no haya acuerdo incluye medidas para que los británicos en España puedan seguir trabajando, con el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales, incluso para aquellas profesiones para cuyo acceso y ejercicio se exigiese ser nacional de un Estado miembro.
También mantendrán sus puestos los funcionarios públicos que sean británicos en el momento de la retirada. A los que se estén presentando a procesos, deben cumplir los requisitos para ellos el día de la salida.
Se incluyen también medidas para los pensionistas, y cuestiones como la exportación de pensiones, la totalización de cotizaciones realizadas hasta la fecha de retirada del Reino Unido para el acceso y cálculo de las pensiones, la incapacidad temporal y las prestaciones por maternidad, paternidad y desempleo.
PENSIONES Y ASISTENCIA SANITARIA
Además, para proteger a los 14.000 residentes en el Campo de Gibraltar (9.000 son españoles) que se desplazan diariamente a trabajar a Gibraltar, estos trabajadores podrán acceder a las prestaciones por desempleo reconocidas por España por los periodos cotizados en Gibraltar antes y después de la fecha de retirada, sin que les sea requerido haber cotizado al sistema de Seguridad Social español por esta contingencia.
Por otro lado, España continuará prestando a los nacionales de Reino Unido asistencia sanitaria en España en los mismos términos y con las mismas condiciones establecidas con anterioridad a la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, siempre que sea con reciprocidad y que Reino Unido garantice el reembolso de los gastos en los mismos términos que hasta ahora.
Las tarjetas sanitarias expedidas a favor de los nacionales del Reino Unido mantendrán su vigencia, y para los desplazamientos temporales y tratamientos programados serán válido el documento acreditativo de la cobertura sanitaria a cargo de las entidades británicas.
Por otro lado, se prevé que aquellos alumnos procedentes de los sistemas educativos de Reino Unido o Gibraltar puedan seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la Universidad española que les eran aplicables antes de la fecha de retirada durante el curso 2019-2020 y 2020-2021.
Respecto a los servicios aeroportuarios, la salida del Reino Unido de la Unión Europea determinaría que dejarían de aplicarse las tarifas de embarque y prestaciones públicas de catering previstas para vuelos dentro del Espacio Económico Europeo. Por ello, se prevé el mantenimiento de estas tarifas para vuelos al Reino Unido hasta el 28 de febrero de 2020.
