Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta dirigida a los grupos parlamentarios para derogar los artículos 315.3 y 172 del Código Penal. Toxo ha explicado que con esta iniciativa los sindicatos pretenden despenalizar el ejercicio del derecho de huelga.
En los últimos años, denunció el secretario general de CCOO, se ha producido «el encausamiento o la apertura de expedientes a cerca de 300 sindicalistas por el simple hecho de participar en huelgas o en piquetes informativos para el desarrollo de las mismas».
Para el secretario general de CCOO, con el uso indiscriminado de un tipo penal de manera abusiva «se restringe muy seriamente el derecho fundamental a proteger, que es el derecho de huelga, y que, en muchos casos, ha tenido repercusiones en formas de peticiones de hasta cuatro años de presión por el hecho de participar en la huelga.
La revisión que se hizo del artículo 315.3 en 2015 es insuficiente porque sigue estableciendo la huelga como un sujeto sobre el que aplicar el Código Penal, cuando lo que debería hacer es protegerlo de los abusos de los empresarios que, en muchos casos, tratan de restringir el derecho de huelga, explicó.
Según ha afirmado Toxo, la iniciativa sindical, que se ha presentado coincidiendo con el inicio del debate sobre el artículo 315 en el pleno del Congreso, cuenta con una disposición favorable del grupo parlamentario socialista, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Compromís, de Esquerra Republicana de Cataluña y de PdCat, y los sindicatos esperan que se sumen al apoyo otras fuerzas políticas que todavía no se han pronunciado, de manera que obtenga una mayoría parlamentaria.
Finalmente, tras conocer el resultado del debate en el Parlamento, CCOO expresa su satisfacción al votarse mayoritariamentge la toma en consideración de la proposición presentada por Unidos Podemos para la derogación del artículo 315.3, que es el que da soporte a las condenas y sanciones contra los sindicalistas, criminalizando la acción sindical y el derecho de huelga.
