El concejal de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, ha informado sobre el informe interno abierto en Limasa tras detectarse la existencia de irregularidades en algunas facturas. En su comparecencia ante los medios de comunicación, Jiménez ha lamentado no haber podido informar directamente sobre esta indagación a los miembros de la Comisión de Investigación de Limasa, al haber rechazado el resto de grupos municipales su petición de intervenir en la próxima sesión del 21 de julio.
No entiendo que no hayan querido que informe sobre un asunto de esta importancia en el ámbito natural para abordarlo como es la comisión de investigación, ha declarado. De haberlo hecho, no habría sido necesaria esta especie de autocomparecencia con la que quiero dar cuenta de las averiguaciones realizadas, explicó.
El concejal de Sostenibilidad Medioambiental ha explicado a los medios de comunicación que la investigación ha sido realizada por una empresa externa a Limasa para garantizar su independencia. Sus conclusiones han confirmado la existencia de indicios de irregularidades en algunas facturas, al presentar precios superiores al ofrecido por determinados proveedores de compras de materiales y aprovisionamientos, como consecuencia de actuaciones presuntamente ilícitas por parte del personal de la empresa. En total, se estima que la cantidad defraudada podría ascender a 9.434,9 euros, importe alcanzado mediante pequeños incrementos de las cuantías abonadas por Limasa a los proveedores con los que se cree que el investigado estaría en connivencia.
Trabajo detallado
El trabajo se ha realizado de forma muy exhaustiva, hasta el punto de que se manejan datos como las matrículas de los vehículos utilizados en desplazamientos relacionados con estos hechos, ha indicado Jiménez. Este nivel de detalle ha sido posible gracias a la intervención de investigadores privados, así como a la colaboración de personas y empresas proveedoras de Limasa.
Raúl Jiménez ha explicado que, de momento, Limasa ha abierto un expediente contra el empleado presuntamente responsable de estos hechos, cuya tramitación finalizará con el correspondiente despido.
Asimismo, la entidad está pendiente de la evaluación final de los hechos, de cara al inicio de las correspondientes acciones judiciales en defensa de los intereses de Limasa. En principio, se está estudiando la posibilidad de que las irregularidades detectadas puedan ser constitutivas de un delito continuado de apropiación indebida, regulado en el artículo 253 del Código Penal, en su modalidad agravada, al haber sido presuntamente cometido abusando de la relación de confianza que Limasa tenía depositada en su empleado.
De momento vamos a terminar de cerrar todas las vías de investigación que se han abierto, porque, por ejemplo, aún está estudiándose el contenido de los ordenadores que se han retirado ha explicado el concejal- y, después, lo que haya que hacer se hará.
