El Ayuntamiento de Marbella volverá a flexibilizar los requisitos para la concesión de las ayudas que se otorgan a través de la delegación de Derechos Sociales con el objetivo de dar una respuesta más eficaz e integral a las familias en situación de vulnerabilidad.
Así lo han explicado la concejala de Derechos Sociales, Victoria Morales, y el portavoz del Equipo de Gobierno, Javier Porcuna, tras la celebración de la Junta Local de Gobierno, en la que se ha aprobado la nueva regulación de estas prestaciones económicas que se recogerá en la base de ejecución de los Presupuestos Municipales de 2017.
La edil ha subrayado que la medida comprende las prestaciones económicas familiares, de emergencia social, de suministros mínimos vitales y del plan de atención inmediata y que, con los nuevos criterios, pretendemos que no sean solo ayudas paliativas sino también preventivas para intentar evitar que las situaciones económicas se compliquen en el tiempo.
En este sentido, ha detallado que se volverán a flexibilizar los requisitos de ingresos para el acceso a las ayudas, que pasará a ser de un máximo de 8.491,20 euros anuales por unidad familiar de uno o dos miembros, cantidad a la que se añaden 912 euros por cada miembro adicional y año.
Asimismo, de este montante se descontarán los gastos de vivienda, ya sea el alquiler o la hipoteca, para que no contabilicen a la hora de solicitar las ayudas ya que son gastos ineludibles en el pago, ha indicado la concejala de Derechos Sociales.
Otra de las novedades es la flexibilización de la exigencia del empadronamiento. Hasta el momento se exigía un mínimo de un año empadronado en el municipio, requisito que se rebaja a seis meses. Además, de forma excepcional y con el preceptivo informe social, no será necesario cumplir este requisito.
Por otra parte, Victoria Morales ha explicado que en lo relativo a las ayudas económicas para gastos de alojamiento, que comprendía el pago del alquiler de hasta 600 euros mensuales con un máximo de 7.200 euros por unidad familiar, se incluye por primera vez el abono de la hipoteca a las familias que se están viendo asfixiadas por este gasto.
Por último, ha indicado que se incluyen las ayudas en especie que se conceden a través del plan de atención inmediata, relativo al alojamiento alternativo en hostales, a la garantía alimentaria en los centros de personas activas y al servicio de higiene.
Las políticas sociales son una prioridad clara para el Equipo de Gobierno, ha remarcado la edil, quien ha destacado que con estas mejoras seguimos adaptando las ayudas a las necesidades de las familias y dando respuesta desde el Ayuntamiento a las situaciones de vulnerabilidad.
Morales ha recordado que el año pasado desde la delegación de Derechos Sociales se otorgaron ayudas por un total de 458.000 euros y ha indicado que con los nuevos criterios acordados hoy iremos más allá y daremos una respuesta justa a las familias que peor lo están pasando.
En este punto, ha puesto el acento a la necesidad de que otras administraciones, más allá del ámbito local, se impliquen con un pacto por el empleo para dar respuesta a estas situaciones y ha reclamado al Gobierno central del PP que implante, de una vez por todas, una renta mínima para garantizar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos.
Campaña de empadronamiento
En otro orden de cosas, en la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana se han aprobado igualmente las horas extraordinarias de notificadores municipales derivadas de una campaña especial de empadronamiento de ciudadanos de la Unión Europea, con tarjetas de residentes o no comunitarios, que se está desarrollando del 6 al 23 de febrero.
El número de habitantes, en cuanto al padrón oficial se refiere, ha sufrido una rebaja importante en años anteriores y se ha determinado la conveniencia de emprender esta campaña para reactivar el empadronamiento y que las cifras de población se ajusten a la realidad, ha señalado el portavoz del Equipo de Gobierno, Javier Porcuna.
El edil ha recordado que hay una serie de aportaciones económicas al municipio que provienen del Gobierno central y que se otorgan en función de la población empadronada, de ahí la importancia de que el censo refleje el número de habitantes reales.
