El diputado en el Congreso Salvador de la Encina ha valorado positivamente el informe de la Abogacía del Estado que avala la zona fiscal para el Campo de Gibraltar.
Una idea avanzada ya en enero de 2013 desde el PSOE de Cádiz de la mano del alcalde de San Roque y vicesecretario general en la dirección provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, y que el diputado socialista incluyó en la negociación de la estrategia aprobada en el seno de la Comisión de Exteriores el pasado mes de noviembre con motivo del debate generado en torno a la incidencia del Brexit en el Campo de Gibraltar.
Precisamente, De la Encina ha pedido que se dé cumplimiento sin más dilación a los acuerdos alcanzados por la mayoría de los grupos en dicha Comisión donde se establecía una estrategia que incluía no sólo la dotación del estatuto fiscal especial sino también un plan de empleo para la zona y un programa especial de formación. Y especialmente, esa estrategia con la que el Congreso mandata al Gobierno incluía, según el diputado, un paquete de inversiones para poder acometer las infraestructuras pendientes. Todo ello para amortiguar los perjuicios que pueda ocasionar la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que arrastra al Peñón.
Si bien destaca la importancia del informe como un paso más en la consecución de ese régimen especial para la comarca que le permita competir e incluso compensar el impacto del Brexit, De la Encina ha reclamado al Gobierno que pase de las palabras a los hechos para que todo esto no se quede en cantos de sirena.
No será creíble mientras no se concrete porque el informe es obvio y avala una situación que ya se da en otros territorios como Canarias, Ceuta y Melilla ha explicado al tiempo que requiere que se especifique cuanto antes de qué tipo de régimen fiscal va a dotarse a la comarca.
Por último, espera que el informe no sea una cortina de humo para tapar el desaguisado de la Algeciras Bobadilla y que el Gobierno dé curso a toda la estrategia que por primera vez en la historia ha acercado las posturas entre PP y PSOE en materia de política exterior respecto al Campo de Gibraltar y la política de Estado hacia el Peñón.
