Tres partes hay en el conflicto de la estiba portuaria: Gobierno, Empresas estibadoras y la Coordinadora sindical, que deben buscar un consenso definitivo para solucionar sus discrepancias y presentar en Bruselas la formula para su aceptación. Se trata de aunar posturas que sin dañar nuestra economía den respuesta a los intereses que cada parte persigue y que al final beneficia a todos.
El Gobierno invoca una sentencia del T. J. de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, que condena al Reino de España por considerar que el sector no está liberalizado.
Las estibadoras que en estos momentos operan en nuestros puertos no desean que baje la producción que hasta ahora se mantiene en unos niveles bastante óptimos de rendimiento con nuestro régimen portuario. De hecho, y esto es muy importante significarlo, más de 50 empresas portuarias han suscrito ya un documento consensuado con los estibadores.
La Coordinadora sindical quiere cerrar un acuerdo que tenga en cuenta sus condiciones laborales conseguidas a pulso a lo largo de muchos años y a través del legítimo proceso de la negociación colectiva, al tiempo que exigen que los puertos del país no se conviertan en un coladero de empresas de servicios como las de limpieza, por ejemplo, y de empresas de trabajo temporal y agencias de colocación que además de precarizar el empleo van a torpedear los dos objetivos que la propia UE persigue: seguridad de las aguas portuarias de cada Estado miembro y protección de los trabajadores, con lo que se incumpliría además, en tal sentido, el mandato de la Comisión.
Por ello, es esencial que las partes se reúnan y negocien y no se levanten de la mesa hasta convenir la norma adecuada que cumpla y respete los intereses de las partes y que asegure el visto bueno de Bruselas.
La norma que hay que elaborar debe ser lo suficientemente rígida para que nuestros puertos no sean otro sector en el que entren empresas de servicios o de mero trabajo temporal que precaricen el empleo, reduzcan la prevención de riesgos laborales, minoricen las condiciones laborales convenidas colectivamente de los actuales estibadores portuarios, perjudiquen la producción y afecten de lleno a nuestra economía por mucho que se escriba lo contrario en informes de papel, pues ya se sabe que el papel lo aguanta todo. Ahora bien, si se les permite gestionar a esas empresas estibadoras las oficinas de empleo que han de suministrarles la mano de obra y que esas agencias organicen la formación de esos trabajadores, se está dando paso a la intermediación laboral que como servicio de carácter público, deberán obtener autorización del Servicio Público de Empleo Estatal.
Hemos de resaltar también que la actividad de los estibadores conlleva una especial peligrosidad que se manifiesta en carencias, muchas veces, del mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo y en la propia situación en las que se encuentran muchos barcos que arriban a nuestros puertos: falta de barandillas, escasa iluminación en la operativa de los trabajadores, estrechos pasillos de trinca entre contenedores con espacios de graves caídas a distinto nivel, material defectuoso ( barras, tensores), operaciones inseguras y simultaneas de trinca junto a los equipos en funcionamiento, caída de objetos, etc. Todo ello hace que se justifique más que de sobra la experiencia y profesionalidad del estibador, su continua formación específica, la exigencia de largos periodos de práctica, el aprendizaje por especialidades y aún así, lamentablemente, de cada cuatro trabajadores aproximadamente, uno sufre un accidente laboral. ¿Puede el trabajo temporal cedido asumir esta realidad?. No. Pues eso.
Patricio González
