La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este jueves en el Parlamento que las multas a los bancos por defraudar miles de millones de euros con la cláusula suelo se reducirán a 13 millones de euros.
Las sanciones tienen su origen en las denuncias contra una veintena de entidades presentadas en 2013 por FACUA Andalucía. La federación critica que el Gobierno andaluz haya tardado cuatro años en decidir la imposición de multas cuya ridícula cuantía representan una invitación a la banca a no devolver el dinero a los hipotecados y continuar defraudando.
«Las políticas de consumo del Gobierno andaluz parecen más orientadas en proteger los intereses de los banqueros y el resto de grandes empresarios que a defender a los consumidores de los fraudes masivos que cometen», denuncia el portavoz de FACUA y secretario general de su federación en Andalucía, Rubén Sánchez.
«Estas multas representan un regalo para la banca, que debe estar muy agradecida de que la Junta renuncie a aplicar el marco sancionador establecido en la legislación de defensa de los consumidores», señala el portavoz de FACUA.
«Resulta un insulto a las víctimas de este fraude masivo, especialmente a las que fueron desahuciadas, que la presidenta de la Junta anuncie multas ridículas y asegure que su cuantía representa el comiso de las cantidades defraudadas», critica Sánchez, que lamenta que Susana Díaz «mantenga tantas reuniones con banqueros mientras nunca se ha sentado ahablar con FACUA de sus inexistentes políticas de protección a los consumidores».
Andalucía es la segunda comunidad autónoma en la que trascienden la aplicación de multas por las cláusulas suelo. En 2014, se dio a conocer que Asturias había impuesto pequeñas multas de entre 8.000 y 18.000 euros por cada contrato con cláusula suelo sobre el que había abierto expedientes sancionadores a raíz de denuncias de los usuarios.
Sánchez considera escandalosa la «absoluta pasividad del resto de comunidades y la insignificante cuantía de las multas de los gobiernos andaluz y asturiano». «Sanciones como éstas no son para nada disuasorias y, al contrario, permiten rentabilizar sobradamente los fraudes a los consumidores», lamenta el portavoz de FACUA.
