La luz ha vuelto a subir en noviembre, con lo que acumula siete meses consecutivos de incrementos que representan un 27,8% en la factura del usuario medio. Así lo revela el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, que junto a más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil reclama al Gobierno que ponga fin a los abusos tarifarios y apruebe una tarifa regulada asequible, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. Es una de las reivindicaciones de la campaña #NoMásCortesDeLuz, a la que se han sumado ya más de 20.000 usuarios a través de la web nomascortesdeluz.org.
El análisis de FACUA pone de manifiesto que en noviembre se ha producido una subida mensual del 2,6% en el recibo del usuario medio, que se sitúa ya en 76,71 euros (impuestos indirectos incluidos). El encarecimiento de la factura representa nada menos que 16,68 euros con respecto a abril, cuando estaba en 60,03 euros.
La subida de noviembre se suma a las del 8,4% de octubre, el 1,5% de septiembre, el 0,9% de agosto, el 1,6% de julio, el 9,6% de junio y el 0,8% de mayo, después de un comienzo de año en el que se produjeron sucesivas disminuciones en el recibo gracias al mayor peso que tuvieron las renovables.
FACUA realiza sus estudios a partir de la tarifa PVPC aplicada en domicilios cuyos contadores aún no tienen la tarificación por horas. En ellos utiliza un perfil de usuario con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo mensual de 366 kWh mensuales, la media en España según un análisis de la asociación sobre varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas.
El recibo del usuario medio se situó en 76,71 euros en noviembre, siempre en los casos de usuarios con contadores sin la tarificación por horas. En cuanto al precio de la energía consumida, el kWh supuso durante el mes pasado una media de 16,60 céntimos (12,27 más impuestos), un 41,3% más caro que siete meses atrás. FACUA recuerda que cuando se aplica un precio distinto cada hora, las tarifas suelen ser globalmente más elevadas, ya que en las de mayor consumo el kWh es más caro. En cuanto a la tarifa por la potencia contratada, se mantiene en 4,46 euros por kW al mes (3,50 más impuestos).
Seis reivindicaciones
FACUA reclama al nuevo Gobierno del PP que dialogue con el conjunto de partidos y con las organizaciones de la sociedad civil para rediseñar la política energética, que sólo viene beneficiando a las grandes compañías del sector. Veinticinco organizaciones ciudadanas se han unido en la campaña #NoMásCortesDeLuz para reclamar al Ejecutivo seis medidas frente a los abusos tarifarios y la pobreza energética.
Las organizaciones cuentan ya con el apoyo de todos los partidos del grupo parlamentario Unidos Podemos, ERC y Coalición Canaria. La primera de sus reivindicaciones es la prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos, de manera que las eléctricas deban dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos y, s sufren vulnerabilidad económica, no puedan cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.
Las organizaciones y los partidos que apoyan su iniciativa piden también la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia, con el objetivo de poner fin a los abusos tarifarios. Asimismo, reclaman la aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.
Otra de sus reivindicaciones es la creación de una auténtica tarifa social, de manera que se sustituya el actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.
También exigen el reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs) y una auditoría al sistema eléctrico. Así, reclaman la realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.
