Tal y como clarifican los comentarios realizados esta mañana por la Primera Ministra, no albergamos ninguna duda acerca de la soberanía británica sobre todo Gibraltar, incluyendo las Aguas Territoriales británicas que rodean al Peñón.
Tal y como expuso el Secretario de Defensa en el Parlamento durante el día de hoy; Siempre estaremos presentes para defender nuestros intereses soberanos y defender los intereses nacionales británicos.
La Royal Navy da el alto a todas las incursiones en las Aguas Territoriales británicas que rodean a Gibraltar. Esto se respalda mediante una protesta diplomática formal ante el Gobierno español.
El propio Ministerio de Exteriores español ha confirmado que las comunicaciones en cuestión fueron llevadas a cabo por su buque porque las embarcaciones comerciales implicadas se encontraban, según ellos, en aguas españolas. La realidad es que los buques mercantes se encontraban en Aguas Territoriales británicas cuando recibieron la orden de apartarse. En otras palabras, la embarcación española intentó ejercer jurisdicción y control en un área marítima en la cual, legalmente, no tienen el derecho de ejercer dicho control.
Dado que las propias fuentes de Madrid han confirmado que el motivo de la incursión fue el cumplimiento de su reclamación soberanista sobre las aguas gibraltareñas, el incidente constituye, de manera indiscutible, una violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El Artículo 19 de CONVEMAR establece que El paso es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Resulta claro que el intento de interferir con la navegación mercante ordenando a buques mercantes que se desplacen en base a que las aguas son españolas es perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Es más, las imágenes demuestran que el armamento del buque se encontraba descubierto y atendido.
Por lo tanto, el Gobierno mantiene que se trató de una incursión ilegal con la intención de realizar una declaración política sobre la soberanía de nuestras aguas. Aunque esta acción, de por sí misma, no represente una amenaza a nuestra soberanía, dado que las aguas continúan siendo británicas según el derecho internacional, la realidad es que [la acción] representó un reto a nuestra soberanía y pretendía socavar la misma.
El Estrecho de Gibraltar constituye una ubicación de importancia estratégica para los intereses occidentales. [En él] se producen movimientos militares, así como movimientos ilegales de personas y bienes que deben ser vigilados y controlados. Gibraltar desempeña un papel clave en la protección de los intereses occidentales en la región. No tiene ningún sentido que España despliegue uno de sus buques de guerra para llevar a cabo juegos de guerra en aguas británicas en un momento en el que existen amenazas serias y bien conocidas en esta área. Las acciones españolas constituyen una distracción peligrosa para los intereses militares y la seguridad de la región en general.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, manifestó: Cualquier persona que crea en imperio de la ley sobre el que se basa el ordenamiento jurídico internacional se habrá sentido estupefacta por las displicentes y quijotescas acciones de la embarcación militar española durante este fin de semana. Dichas acciones dentro de nuestras aguas, cuando buscó dar órdenes a buques mercantes fuera de su jurisdicción y cuando navegó a través de nuestras aguas con armas descubiertas, representan un intento de bravuconería poco convincente. [Las acciones] no lograron nada más que provocar y fueron correctamente ignoradas por los responsables de los buques fondeados.
Pero este comportamiento infantil resulta inaceptable, ya se deba a actitudes errantes o a instrucciones de más arriba. Demuestra que España es incapaz de controlar a su Armada o, a la inversa, que está preparada para utilizar sus efectivos militares para avanzar una reclamación política en la Europa del siglo XXI.
Otro factor clave es el peligro para la seguridad en el mar que se genera cuando un país pretende dar órdenes a embarcaciones que se encuentran bajo las instrucciones legales de otro país. Acciones como ésta tan solo generan confusión y un riesgo innecesario para las vidas de los marinos.
Estos son los desatinos con los que debemos lidiar. Acciones ridículas que no logran ningún objetivo más que provocar y elevar la tensión. Reflejan una extraordinaria falta de profesionalidad por parte de la Armada española. Si no son capaces de interpretar los mapas que muestran que se encuentran en aguas británicas, no deberían estar al mando de una embarcación. Si no son capaces de respetar las reglas basadas en derecho internacional, están generando un caos que causará problemas más allá de las Aguas Territoriales británicas. Y si juegan con la seguridad de las vidas en el mar se pondrán en evidencia como los bravucones que son. El pueblo de Gibraltar no se verá intimidado ni ahora ni después del 29 de marzo. Sin embargo, incidentes como este constituyen un recordatorio de por qué nunca aceptaremos ser españoles.
