La Agencia Catalana del Consumo ha abierto expediente sancionador a la comercializadora eléctrica Holaluz (Clidom Energy SL) por aplicar a sus clientes una subida de tarifas retroactiva. A mediados del año pasado, la empresa comunicó a los usuarios que incrementaría sus recibos en 50 céntimos mensuales y que además repercutiría ese importe a facturas ya abonadas, desde el mes de enero de 2017.
El argumento esgrimido por la compañía para justificar su subida retroactiva fue que el Gobierno había aprobado una norma -consecuencia de una sentencia del Supremo- que obligaba a las comercializadoras de mercado libre a cofinanciar el bono social. FACUA presentó una denuncia contra Holaluz ante el organismo de protección al consumidor de la Generalitat de Catalunya, al tener la compañía su sede social en Barcelona. En ella argumentó que la empresa estaba modificando irregularmente las condiciones contractuales firmadas por los usuarios.
Según Holaluz, la nueva normativa que regula la distribución de costes del bono social entre todas las comercializadoras la facultaba para repercutirle su parte a sus clientes de manera retroactiva. Sin embargo, FACUA expuso en su denuncia que las cláusulas contractuales de la compañía sólo le permiten aplicar subidas si fluctúan las partes de la tarifa contratada que están reguladas por el Gobierno o si lo hace el peaje de acceso, que depende de la distribuidora, y siempre que las notifique con un preaviso de 15 días. El bono social, planteó la asociación, no se integra en ninguno de esos conceptos.
FACUA insta a los clientes de Holaluz afectados por estas irregularidades a que reclamen a la compañía la devolución del dinero cobrado indebidamente. En caso de que la empresa se niegue a reembolsarlo, la asociación recomienda presentar denuncias ante las autoridades autonómicas de protección al consumidor.
