El Grupo Municipal de Izquierda Unida ya advirtió en el mes de noviembre que esta ruptura del techo de gasto podría tener un efecto rebote, que los 36 millones de más incluidos en el Presupuestos Municipal tengan que estar de menos en futuros ejercicios presupuestarios y esta situación se traduzca en ajustes dramáticos, en medidas de recortes en garantías sociales, de personal, de aquellas materias esenciales para el ayuntamiento, y que el interés cortoplacista dilapide o lastre el futuro de la ciudad, vaticinaba en su momento el portavoz de IU, Miguel Díaz.
A esta preocupación tenemos que sumarle ahora la falta absoluta de transparencia por parte del equipo de gobierno para una cuestión crucial para la ciudad. Inquirido el concejal de Hacienda en el pleno ordinario del 24 de noviembre y en el pleno extraordinario del 20 de diciembre, Manuel Osorio se comprometió a entregar el documento avalado por el Ministerio de Hacienda que permitía al Ayuntamiento de Marbella esta maniobra de saltarse el techo de gasto, pero aún estamos esperando, señala Díaz, del mismo modo, la alcaldesa Ángeles Muñoz se comprometió a facilitarnos el supuesto acuerdo en la Comisión Informativa del 17 de noviembre, y tampoco lo ha hecho, ya van tres mentiras e incumplimientos en foros institucionales.
Todo este problema parte de las reformas legislativas del Partido Popular de Mariano Rajoy, que han empeorado la financiación y las posibilidades de actuación de los ayuntamientos. Los municipios, donde se incluyen los gobernados por el PP, han visto como leyes como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ambas aprobadas por el PP, han empeorado la financiación, la capacidad económica y las posibilidades de prestación de servicios de los Ayuntamientos.
Los ayuntamientos no pueden gastar todo el dinero de su presupuesto, sino que deben dedicarlo prioritariamente a reducir deuda pública o privada aunque ya no la tengan. Se da la situación tan ilógica que lo que gasta un ayuntamiento no depende de lo que ingresa y con ello realizar políticas a favor de la mayoría social, sino que depende de un tope que impone dicha regla. Detrás de todo este procedimiento se esconden los recortes de prestaciones públicas de los ayuntamientos y tienen como consecuencia peores condiciones de vida para las personas, apunta Díaz, es decir Montoro mete el dedo en el ojo y la mano en la cartera a los Ayuntamientos.
Un ejemplo de ello ha sido el Ayuntamiento de Madrid, que pese a tener las cuentas saneadas ha sido intervenido por Hacienda, señala Díaz, lo que por otra parte muestra una serie de contradicciones entre unos municipios y otros si a este caso le sumamos el contrario y ya comentado de Marbella
Pero a pesar de esas arbitrariedades, la acción del gobierno del PP es nociva para las administraciones locales porque también se detectan injustas invasiones en la autonomía local que debilitan el empleo y la prestación de los servicios públicos.
Un claro ejemplo es la disposición adicional 27 a los PGE que torpedea un principio básico como el de la sucesión de empresas, al impedir que los trabajadores de las sociedades municipales en proceso de liquidación puedan pasar a engrosar la plantilla municipal. Con esta medida se fomentan los despidos colectivos de trabajadores públicos y la privatización de servicios. En nuestro municipio, por ejemplo, esta disposición está afectando a la estabilidad y los derechos laborales de la empresa Transportes Locales, y desde Izquierda Unida queremos defender la integración de los trabajadores de Transportes Locales en el Ayuntamiento y la prestación directa del servicio de autobús escolar, por poner un ejemplo concreto.
