El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha comunicado en el Congreso en la sesión plenaria de Control al Gobierno- que el Ejecutivo estatal no ampliará los plazos de las concesiones de autopistas que expiran en los próximos años, entre las que se incluye la AP-4 Sevilla Cádiz, si bien en su momento se decidirá la mejor forma de explotarlas. Deja por tanto la puerta abierta a una gestión pública de dicha comunicación, o bien a una explotación privada concedida tras concurso.
Para la presidenta de Diputación de Cádiz, Irene García, el nuevo Gobierno abre una situación de incertidumbre que supone un jarro de agua fría tanto para los ciudadanos como para las empresas de la provincia de Cádiz. Le exigimos al ministro que aclare qué va a ocurrir con el peaje, una vez que concluya la concesión en vigor el 31 de diciembre de 2019. Cádiz es la única provincia andaluza sin autopista o autovía que enlace con Sevilla; una desigualdad para su ciudadanía y un lastre para la competitividad de sus empresas, lamenta la presidenta de Diputación.
La Diputación de Cádiz está inmersa en la plataforma constituida para reivindicar la supresión del peaje y la conversión de la A4 en autovía. Una agrupación donde confluyen la Diputación de Sevilla, municipios de ambas provincias y agentes económicos y sociales.
Anteriores Corporaciones provinciales han mantenido una negativa sobre las sucesivas prórrogas del peaje en la autopista Sevilla-Cádiz. De hecho, la última prórroga fue resuelta por el Ejecutivo que presidía José María Aznar en 1998; esta decisión amplió el plazo de concesión: en principio el peaje tuvo que terminar el 31 de diciembre de 2006 y con esta autorización se amplió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. La Diputación de Cádiz, entonces presidida por Rafael Román, recurrió esta prórroga ante el Tribunal Supremo. El recurso fue desestimado.