La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado que Andalucía cuenta con más de 1.100 personas mediadoras para favorecer soluciones consensuadas ante conflictos familiares, 224 de ellas en la provincia de Málaga. consiguiendo que situaciones complicadas y traumáticas se resuelvan sin judicializarse. Así lo ha señalado con motivo de la celebración en Málaga del Día Europeo de la Mediación Familiar, que se conmemora el próximo domingo 21 de enero.
Sánchez Rubio ha subrayado que un paso fundamental en la apuesta que desde la Junta de Andalucía se viene haciendo fue Ley de Mediación Familiar aprobada en 2009, que impulsó políticas dirigidas a favorecer soluciones consensuadas para los conflictos familiares dentro del marco de las actuaciones preventivas dirigidas a la infancia y a las familias, haciendo realidad el cumplimiento de las normas y recomendaciones emanadas de textos internacionales y de la Unión Europea.
A efectos de esta ley, la mediación familiar se entiende como un proceso extrajudicial para la gestión de conflictos no violentos que pudieran surgir entre los miembros de una familia o grupo convivencial, mediante la intervención de profesionales especializados que, sin capacidad de decisión sobre el citado conflicto, les asistan facilitando la comunicación, el diálogo y la negociación entre ellos, al objeto de promover la toma de decisiones consensuadas en torno a dicho conflicto, ha recordado la consejera.
Además, Sánchez Rubio ha resaltado que esta Ley propició la creación y puesta en funcionamiento del Registro de Mediación Familiar como pieza clave de todo el sistema de mediación, mediante el que se dota de seguridad jurídica al reconocimiento de la condición profesional de persona mediadora, ofrece información de las personas inscritas y sirve de cauce para la gestión del sistema de turnos, indispensable para la mediación familiar incluida en el beneficio de la mediación familiar gratuita.
Durante el año pasado, la mayoría de casos estuvieron relacionados con cuestiones derivadas de divorcios y separaciones matrimoniales, así como conflictos sobre el ejercicio de la patria potestad.
En este sentido, ha señalado que en las últimas décadas estamos viviendo en Andalucía y en España unos cambios que han afectado de manera decisiva a las estructuras familiares, que ha desarrollado nuevas fórmulas de convivencia. Una realidad plural que son difíciles de resolver por las vías tradicionales. La mediación familiar, por tanto, cuenta con la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades y demandas sociales, configurándose como una vía de resolución extrajudicial, ha informado.
Durante su intervención, la responsable de las políticas sociales en Andalucía ha recordado que tras la modificación del Reglamento de Mediación Familiar en Andalucía, llevado a cabo el pasado año, se introdujeron una serie de mejoras como la extensión de la gratuidad de este servicio o el reconocimiento de nuevas modalidades de unidad familiar para acceder a la mediación gratuita, incorporando como tales a las formadas por el padre, la madre o ambos y los hijos mayores de edad, siempre que dependan económicamente de sus progenitores. Estas figuras se sumaban a las ya reconocidas en el anterior decreto (personas casadas, parejas de hecho, parejas sin vínculo legal pero con hijos comunes y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad).
Por otra parte, la modificación normativa establece y regula el derecho de los menores a ser oídos y escuchados en el proceso de mediación, así como a tener en cuenta sus opiniones, en función de la edad y el grado de madurez.
Por último, Sánchez Rubio ha subrayado que la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía establece como una función de los Servicios Sociales Comunitarios el desarrollo de la mediación comunitaria e intercultural como método de resolución de conflictos y de promoción del empoderamiento ciudadano en la autogestión de sus conflictos.
