El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, ha presentado a los Ayuntamientos del Campo de Gibraltar el nuevo decreto-Ley que establece en Andalucía la Renta Mínima de Inserción Social, una medida que en la provincia de Cádiz va a beneficiar cada año a más de 11.500 personas de 4.268 unidades familiares. La jornada técnica ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción y ha contado con representantes de los diferentes municipios de esta comarca.
Herrera ha destacado que la Renta Mínima de Inserción Social es un paso más de la Junta de Andalucía para avanzar en la atención a las personas más vulnerables; no obstante, ha recordado que la mejor arma para luchar contra la pobreza a corto, medio y largo plazo es el empleo porque, y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, la renta mínima es una garantía de ingresos que se complementa siempre con un plan de inclusión, de un acompañamiento para la inserción laboral y social con el objetivo de que las personas y unidades familiares beneficiarias puedan salir de la situación en la que se encuentran.
En este sentido, ha subrayado que, además de la ayuda económica y de acuerdo con el decreto-ley, el Servicio Andaluz de Empleo y los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante, diseñará un plan de inclusión sociolaboral personalizado que incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar. Este documento, que deberá elaborarse en el plazo de un mes a partir de la concesión, deberá incorporar la perspectiva de género mediante la inclusión expresa de acciones para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.
Herrara ha explicado además que el decreto-ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses. Otra de las novedades es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial que corresponda. En caso de denegación, se seguirá el procedimiento ordinario.
Asimismo, ha señalado que se trata de un nuevo derecho subjetivo garantizado legalmente que impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza. Es necesario que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social o en riesgo de estarlo ante el deterioro de la cohesión social agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno central, ha resaltado.
Por otro lado, ha subrayado que la Renta Mínima, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se ha incorporado como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consiste en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias (frente a los seis del actual IMS). Los nuevos colectivos incluidos ha detallado- son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran circunstancias excepcionales.
Durante su intervención, el delegado ha indicado que el nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad. Así, ha explicado que entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo.
El Decreto ley ha sido elaborado con la colaboración de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la Renta Mínima, de la que forman parte los sindicatos CCOO y UGT, las Asociaciones de Consumidores Facua y UCA, y otras entidades como CEPES y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
A la jornada han asistido alrededor de cuarenta profesionales de equipos técnicos de los servicios sociales comunitarios del Campo de Gibraltar.
