El Consejo de Gobierno ha acordado sancionar con más de 3,1 millones de euros a Unicaja Banco, SAU, por introducir cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios y por incumplimiento de la información de prestación de servicio. El procedimiento se inició en 2016, tras la recepción de 537 denuncias de particulares, que fueron tramitadas en el marco de una campaña de control de la Inspección de Consumo por la inclusión de cláusulas suelo en las escrituras.
La sanción incluye 650.000 euros por infracciones muy graves contra la legislación vigente de defensa de los consumidores y, además, el comiso del beneficio ilícito obtenido, cuantificado en casi 2,5 millones de euros.
De acuerdo con la normativa vigente, son cláusulas abusivas aquellas que causan un desequilibrio en la posición entre el consumidor y el empresario, por ejemplo, reservando a éste facultades para interpretar, modificar o resolver unilateralmente el contrato; imponiendo garantías desproporcionadas al riesgo asumido, o estableciendo la renuncia del prestatario al derecho a la notificación en caso de cesión del préstamo. Esta práctica conlleva una sanción de 300.000 euros.
De un importe de 350.000 euros es la multa por incumplir el deber de información de prestación de servicio, concretamente sobre las cláusulas suelo. Estas se introducen en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable (fundamentalmente euríbor) y prevén que, aunque el tipo se sitúe por debajo de un determinado umbral (suelo) establecido en la propia hipoteca, la persona consumidora seguirá abonando lo correspondiente a ese umbral y no la cantidad equivalente a la bajada del euríbor.
Para la fijación de las cuantías se han tenido en cuenta como agravantes el perjuicio causado a los consumidores (valorable en más de 50.000 euros) y la posición relevante del infractor en el mercado. Respecto a este último punto, la entidad sancionada contaba en 2012 con 690 de las 3.061 oficinas de cajas de ahorro en Andalucía (el 22,5%).
Además de la legislación que se aplica en esta sanción, la comunidad autónoma cuenta también con la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, que fue aprobada por el Parlamento andaluz en mayo del pasado año para aumentar las garantías y el derecho a la información de los andaluces en estas materia. El texto aporta una serie de mejoras respecto a la normativa estatal en cuanto a los datos que se debe proporcionar a quien suscribe un préstamo hipotecario y, además, extiende la protección a los avalistas.
Según datos de la Consejería de Salud, la Dirección General de Consumo ha recibido en lo que va de año 12.650 reclamaciones y ha atendido 31.820 consultas a través del servicio multicanal Consumo Responde. El sector bancario aglutina 1.293 de las primeras (un 10,22%) y 2.081 de las segundas (6,53%).
FACUA Andalucía considera un insulto a los consumidores que la Junta pretenda saldar los fraudes cometidos por Unicaja a través de las cláusulas suelo con una pequeña multa de 3,15 millones de euros, que representa una ínfima parte de lo defraudado por la entidad en la comunidad autónoma.
«Unicaja es una de las 20 entidades denunciadas por FACUA Andalucía ante la autoridad de consumo autonómica en 2013 por el macrofraude de las cláusulas suelo. Se trata del segundo banco que multa la Junta, tras la sanción de 1,58 millones de euros impuesta a Banco Mare Nostrum (BMN) a finales del pasado julio».
«Una vez más, el Gobierno andaluz finge que FACUA Andalucía nunca le presentó una denuncia por fraude masivo y ha hecho público un comunicado en el que asegura que el expediente sancionador fue abierto en 2016 exclusivamente como consecuencia de denuncias de particulares afectados. En junio de 2014, la Secretaría General de Consumo del anterior Ejecutivo -adscrita a una de las consejerías en manos de Izquierda Unida- ya anunció que iniciaría expedientes sancionadores contra alrededor de una veintena de bancos por la cláusula suelo», critican desde la asociación de consumidores.
La federación de consumidores critica que en lugar de establecer una multa cuya cuantía tenga en cuenta el número de clientes a los que Unicaja engañó con la cláusula suelo en Andalucía y los beneficios obtenidos con el fraude, la Junta se ha limitado a sancionar a la entidad con 650.000 euros y el comiso de 2,5 millones, cifra que representa el dinero defraudado a unos pocos cientos de familias, exactamente 537. Se trata de usuarios que interpusieron reclamaciones en determinadas fechas ante la autoridad autonómica de consumo, una parte de las cuales lo hicieron a través de FACUA.
«La actitud de Junta beneficia a los bancos»
«La actitud de la Junta beneficia a los bancos y representa un insulto a los consumidores», denuncia el secretario general de FACUA Andalucía y portavoz de su organizacíon a nivel nacional, Rubén Sánchez. «Con multas así de ridículas, la mayoría de entidades seguirá negándose a devolver lo defraudado, obligando a los afectados a acudir a los tribunales. De hecho, Unicaja es uno de los bancos que se está negando de forma generalizada a reembolsar el dinero de la cláusula suelo a los usuarios que lo reclaman».
«Con sanciones como las impuestas a Unicaja y BMN», señala Sánchez, «el Gobierno andaluz no está precisamente ayudando a los consumidores, sino trasladando a la banca que puede seguir defraudando y quedándose con el dinero que los usuarios le reclaman sin miedo a la macrosanción que prevé la legislacion autonómica de defensa de los consumidores».
El pasado febrero, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya anunció en el Parlamento que la suma total de las multas que tenía previsto imponer a la banca por las cláusula suelo se reduciría a 13 millones de euros.
La autoridad de protección al consumidor de la Junta, que en esta legislatura depende de la Consejería de Salud, abrió en su día expediente sancionador como consecuencia de las denuncias presentadas por FACUA Andalucía hace ya cuatro años, a los que sumó las reclamaciones presentadas por cientos de usuarios en toda la comunidad.
Tras las denuncias de FACUA
Una vez más, la Junta ha omitido que la multa anunciada este martes tiene su origen en una denuncia de FACUA Andalucía, al igual que ocurrió con las reducidas sanciones impuestas a Endesa por la aplicación de tarifas ilegales por el alquiler de los contadores, a Telefónica por la subida fraudulenta de Movistar Fusión y la de BMN por las cláusulas suelo.
Andalucía es la segunda comunidad autónoma en la que trascienden la aplicación de multas por las cláusulas suelo. En 2014, se dio a conocer que Asturias había impuesto pequeñas multas de entre 8.000 y 18.000 euros por cada contrato con cláusula suelo sobre el que había abierto expedientes sancionadores a raíz de denuncias de los usuarios.
El portavoz de FACUA considera escandalosa la «absoluta pasividad del resto de comunidades y la insignificante cuantía de las multas de los gobiernos andaluz y asturiano». «La banca no es una excepción en la tibieza de las autoridades de protección al consumidor con los fraudes masivos. Las anecdóticas micromultas que se imponen permiten rentabilizar sobradamente los fraudes masivos a los consumidores», lamenta.
