El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de modificación de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en vigor desde 2007. Los cambios introducidos dotarán a la Administración autonómica de mayor capacidad de actuación contra la discriminación, tanto el ámbito sancionador como en el de las políticas activas, además de reforzar el papel de la sociedad y de la coeducación.
La principal novedad es la incorporación de un régimen sancionador que permitirá a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad. El proyecto detalla el listado de infracciones y sus correspondientes medidas disciplinarias, desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas. Asimismo, habilita al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para investigar discriminaciones directas o indirectas por razón de género y para actuar a través de la negociación y de la remisión de informes a la Inspección de Trabajo.
Entre las infracciones graves y muy graves, se incluyen la realización de actos (culturales, lúdicos, artísticos o en el marco de eventos deportivos) que promuevan la discriminación a la mujer o inciten a la prostitución o a la violencia machista; el uso en centros docentes públicos de material que presente a las personas como superiores o inferiores en función de su sexo; la realización de campañas publicitarias que utilicen el cuerpo femenino como reclamo o fomenten la violencia o la prostitución; cualquier comportamiento realizado en función del sexo que atente contra la dignidad de una persona, o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación o de desigualdad en los medios de comunicación públicos.
Otra de las líneas prioritarias de la modificación de la ley es la coeducación, cuyos contenidos deberán integrarse obligatoriamente en el diseño y el desarrollo curricular de todas las etapas educativas. Destacan en este sentido los conocimientos sobre la contribución histórica de las mujeres, autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito doméstico, resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de género. Una comisión de personas expertas se encargará de la revisión de estos contenidos, tanto de lenguaje como de imágenes, en los libros de texto y materiales curriculares, y también proporcionará a la inspección educativa nuevas herramientas.
Para reforzar el papel de los centros escolares como vehículos de transmisión, la reforma garantiza el desarrollo de planes de igualdad obligatorios en todos los centros docentes y detalla las funciones específicas que desempeñarán las personas responsables de coeducación, encargadas de velar por el cumplimiento de los mismos. Igualmente novedosas son las medidas que establecen la formación obligatoria en igualdad tanto del profesorado en prácticas como del equipo directivo de los colegios e institutos públicos.
Universidades e investigación
La reforma legal incluye un nuevo artículo dedicado al papel de las mujeres en la ciencia y la I+D+i, con medidas destinadas a superar los obstáculos en estos ámbitos; eliminar los sesgos de género en los procesos de selección y evaluación del personal investigador, y fomentar la presencia paritaria de mujeres y hombres en eventos científicos, académicos e institucionales.
Otro nuevo artículo incorporado al texto es el dedicado a las mujeres jóvenes, para las que se establecen disposiciones dirigidas a promover su incorporación al mercado laboral, facilitar la detección precoz de la violencia de género y fomentar una imagen igualitaria en los medios de comunicación y en la industria del ocio.
En el ámbito socioeconómico, el texto incluye novedades como la elaboración del Plan Especial contra la Desigualdad Salarial, de carácter autonómico, y la garantía de incorporar, en los planes de actuación de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo, una programación anual de medidas para combatir la discriminación laboral y el acoso sexual. Asimismo, se establece la creación del Registro de Planes de Igualdad en las Empresas y se dispone la realización periódica de estudios para analizar diferencias retributivas en las empresas y en los distintos sectores económicos.
Las medidas de carácter laboral se completan con previsiones para reforzar la conciliación y la flexibilidad horaria en el ámbito de la Administración autonómica. Entre otras medidas, destaca la reserva de al menos un 40% de las plazas de cursos de formación a personas incorporadas al servicio después de permisos de conciliación de la vida familiar y laboral (por ejemplo, excedencias por cuidado de menores o dependientes), así como por violencia de género.
Entidades locales
En materia de deporte, la futura ley impondrá a las federaciones, asociaciones y entidades deportivas la obligación de velar por el respeto al principio de igualdad en la celebración de pruebas y eventos deportivos.
El proyecto se completa con disposiciones relativas a la representación equilibrada en los órganos de dirección de los colegios profesionales; la obligatoriedad de un informe de impacto de género en todos los proyectos que se presenten a convocatorias públicas y subvenciones; la promoción del papel de las mujeres en el medio rural y pesquero; las iniciativas destinadas a favorecer la producción artística y cultural de las mujeres, y la colaboración con los medios de comunicación para erradicar los contenidos y la publicidad sexista o que incite a la violencia de género.
Finalmente, y con el objetivo de garantizar la protección especial de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el texto prevé la elaboración de una carta de derechos en relación con el embarazo, su interrupción voluntaria, el parto y el puerperio.
Texto íntegro de la declaración institucional
Según ONU Mujeres, las mujeres cobran en el mundo un 23% menos que los hombres por un mismo trabajo; representan menos de un 25% de los puestos de decisión política; suponen más del 90% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, y una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia de género a lo largo de su vida.
Datos que nos demuestran que todavía, hoy, en pleno siglo XXI, la discriminación y la desigualdad sigue siendo una realidad con múltiples manifestaciones: discriminación salarial, techos de cristal, doble carga de trabajo familiar y laboral, presencia minoritaria en los ámbitos de poder y de decisión, abusos y agresiones sexuales, violencia en múltiples formas.
Vivimos sin embargo un momento histórico de cambio. Un momento en el que la igualdad se ha convertido, más allá de una llamada institucional, en un movimiento social, de ámbito internacional, sin precedentes, y en el que hoy las mujeres alzan y unen su voz por todas las mujeres del mundo.
Andalucía trabaja junto a todas ellas en su día a día, porque para el Gobierno andaluz garantizar la igualdad ha sido siempre una política prioritaria.
Así, desde 2014, la Junta de Andalucía ha destinado 66.485 millones de euros, dos tercios de sus presupuestos, a programas que priorizan la igualdad entre hombres y mujeres, una gestión que es referente gracias a iniciativas pioneras en coeducación, políticas activas de empleo para mujeres, promoción de la conciliación y la corresponsabilidad, impulso de la atención a la dependencia, escuelas infantiles, fomento del emprendimiento femenino en el mundo rural, y atención integral a las mujeres.
Políticas que reflejan el compromiso del Gobierno andaluz con la mujeres, trabajando cada día por y para la igualdad en todos los ámbitos. Y lo seguiremos haciendo, dando nuevos pasos como la reforma de la Ley andaluza de Igualdad de Género, que dotará a la administración autonómica de mayor capacidad de actuación ante la desigualdad y la discriminación de género.
La igualdad es una seña de identidad de la Junta de Andalucía, que no concibe una sociedad democrática y justa sin una igualdad real para todas y para todos, donde estos derechos sean los mismos para todas las personas, tal y como contemplan la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Andalucía.
