El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha valorado el Pleno Extraordinario y Urgente celebrado este viernes, al término de la sesión, cuando también ha adelantado algunos de los posibles escenarios por los que puede derivar el controvertido asunto de la adjudicación del TG 22. En cualquier caso, sostiene que la única decisión legal que se podía tomar era declarar desierto el concurso.
El primer edil indicó que desgraciadamente el Pleno ha tenido que decidir de nuevo sobre una adjudicación ilegal, fraudulenta, que realizó el gobierno del PP acompañado por USR en el año 2002. Desde entonces el Ayuntamiento viene sufriendo los percances de esa adjudicación ilegal, según ha zanjado la Justicia de forma machacona cada vez que se ha plantado un recurso en estos 16 años. La Justicia ha señalado que la adjudicación estaba decidida de antemano, y por tanto no hubo un concurso libre, y que había un interés por parte del Grupo Popular en adjudicar a una determinada empresa.
Hoy -añadió- nos obliga (el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) a anular la adjudicación que se hizo y a preparar una nueva adjudicación. Los grupos hemos tenido que leer multitud de sentencias y autos, y distintos informes jurídicos que, desgraciadamente, han generado más confusión a la hora de tomar una decisión. Finalmente hemos visto que lo que nos ordena la Justicia es realizar una nueva adjudicación con respeto a las bases del concurso. Y que las dos empresas que en estos 16 años han mantenido el interés en este procedimiento, tanto Werth como Sotogolf, incumplen las bases del pliego.
En el caso de Werth -explicó Ruiz Boix-, el incumplimiento lo dice la sentencia del TSJA. Y en el de Sotogolf, los técnicos municipales señalan parecidos incumplimientos del concurso. Aún queriendo realizar la adjudicación a quien corresponda, nos vemos en que no hay ninguna oferta que se mantenga en el interés de contar con esos aprovechamientos que cumpla con las bases del pliego. Y por lo tanto, nuestra propuesta es dejar desierto el concurso.
Una propuesta -apuntó- que hemos compartido con los grupos del PA y SRSSP, que comparten con nosotros la dificultad de tomar esta decisión. Y luego hemos visto a dos grupos que lo único que han querido es empantanar más la situación y no aportar ninguna solución. Son el PP y el PIVG.
Desde el principio -recordó el alcalde- he invitado a los grupos políticos a que presenten sus propias propuestas, e incluso hoy en la sesión se permitía presentar enmiendas, así que se podría haber motivado un cambio en la propuesta que llevábamos a Pleno. Ese empantanamiento es porque ya están poniendo (PP y PIVG) cifras al daño que hizo el Grupo Popular en el 2002, y (desean) que por un posible perjuicio para los ciudadanos mantengamos una adjudicación ilegal.
Espero que el acuerdo de hoy adquiera firmeza cuanto antes -manifestó-, y podamos plantear una nueva adjudicación. Hay que decir a los ciudadanos de San Roque que en la actualidad esa finca tiene un valor muy distinto al de 2002, y si finalmente se saca a concurso esa parcela podríamos obtener unos ingresos muy superiores a los que se obtuvieron entonces. En cuanto a las dudas sobre el pago a la empresa a la que se adjudicó entonces, desde el Ayuntamiento vamos a defender los intereses de los sanroqueños restituyendo las cosas. Y nada más. Cualquier otro interés que tenga la empresa por ingresos del Ayuntamiento lo tendrá que dirimir un juzgado, porque no va a ser voluntad inicial del Gobierno Municipal ni espero que tampoco de la Corporación, concluyó.
En respuesta a la pregunta de un periodista, el alcalde admitió que es muy posible que la decisión de hoy sea recurrida por una o por las dos empresas litigantes, incluso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que el asunto podría dilatarse en el tiempo incluso más de un año antes de que la declaración como concurso desierto sea firme.
