Agentes del Área de Protección de Menores de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía han procedido a la detención de dos personas y a la imputación de un matrimonio de septuagenarios por su participación en un presunto delito contra las relaciones familiares, consistente en la alteración de la paternidad del menor, esclareciéndose un caso de presunta compra venta de un bebé, que actualmente cuenta con ocho meses de edad.
Según ha explicado el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, la investigación se inició a mediados de mayo de 2017 después de que el matrimonio llevara a revisión médica al bebé, detectando los facultativos que podría tener una enfermedad congénita, por lo que los servicios sanitarios reclamaron la presencia de la madre biológica, sin que ésta llegara acudir tras alegar el matrimonio diferentes excusas.
Ante esta situación, los servicios sociales alertaron al Servicio de Protección de Menores, que solicitó la colaboración de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía.
La investigación policial puesta en marcha puso de manifiesto que la madre del menor era una mujer de nacionalidad rusa de unos 30 años, que vivía en Rusia y que había viajado a nuestro país aproximadamente un mes antes del alumbramiento, dando a luz en una clínica privada de la provincia y abandonando posteriormente España un día después de inscribir al mismo en el Registro Civil como hijo suyo y del presunto padre.
Las investigaciones indicaron también la poco probable paternidad biológica del presunto padre, ya que se comprobaron las posibles circunstancias en las que pudiera haber coincidido con la madre biológica, que resultaban inexistentes. Este hombre carecía de pasaporte y jamás había viajado a Rusia, extremos que evidenciaban la falsedad de esa paternidad.
Hechas estas averiguaciones y a fin de esclarecer todas las circunstancias con relación a la paternidad del menor y si hubo compraventa del bebé, se inició la búsqueda del matrimonio. A tal fin, a mediados de este mes se estableció un dispositivo policial con despliegue en diferentes domicilios de la capital malagueña y de la Axarquía, ya que el matrimonio disponía de varias propiedades donde habían residido alternativamente, siendo finalmente localizados junto con el menor en una cochera adaptada como vivienda de la comarca axárquica, de unos 25 metros cuadrados, sin que las condiciones del lugar fueran las más adecuadas desde el punto de vista de la salubridad. Una vez localizados fueron trasladados a dependencias policiales en calidad de investigados.
El presunto padre reconoció que el bebé no era hijo suyo y que él y su esposa, a fin de tener un heredero de sus bienes, habían decido pagar para reconocer el hijo de una mujer de nacionalidad y residente en Rusia, de unos 30 años, a la que habría entregado diversas cantidades de dinero en varios pagos.
Él mismo explicó que en la operación de adquisición del niño habían participado otras dos personas, un abogado y una mujer también de nacionalidad rusa y residente en la provincia, quien hizo las funciones de intérprete. Estas dos personas participantes en la operación habían organizado y estado presentes en varias actos (recogida de la madre a su llegada a España, nacimiento y registro del recién nacido), actuaciones que finalizaron con la entrega del menor a los poseedores del bebé.
El abogado y la intérprete que hicieron de intermediarios fueron posteriormente detenidos como presuntos autores de un delito contra las relaciones familiares. De las declaraciones de estos dos detenidos se dedujo que los poseedores del bebé habrían pagado una cantidad superior a los cien mil euros para poder traer a la mujer rusa embarazada de ocho meses hasta Málaga, que diese a luz en un centro hospitalario de la provincia e inscribir al recién nacido en el Registro Civil como hijo de la misma y del marido.
El caso ha sido remitido al juzgado de instrucción de guardia y el niño ha quedado bajo la protección del Servicio de Menores de la Junta de Andalucía en Málaga, que ha iniciado los trámites para el desamparo del mismo, a fin de asumir su tutela.
