La secretaria general de UGT Andalucía, ha firmado junto con su homólogo de CCOO, CEA, el acuerdo entre gobierno andaluz y los agentes sociales por el cual incorporarán cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos. Con dicho acuerdo se fomentará contratar a las empresas comprometidas con la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y el medioambiente. Para la secretaria general de UGT, «se trata pues de un buen acuerdo, con un único objetivo que es el bien de la clase trabajadora».
El acuerdo pretende mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en empresas que contratan con la Junta, así como promover el acceso al empleo de colectivos con dificultades de inserción. Una de las novedades del acuerdo es que cualquier empresa que haya contratado con la Junta verá cancelado su contrato automáticamente si está dos meses sin abonar el salario a su plantilla.
Según la secretaria general de UGT Andalucía, «estamos en un día muy importante no solo para los que firmamos este acuerdo sino para el conjunto de la clase trabajadora. La contratación pública de Andalucía tiene un gran impacto para la economía del propio país. Con este acuerdo se va a facilitar la eficiencia y el respeto a las cláusulas sociales, laborales y de sostenibilidad ambiental. Este es el germen con el que vamos a trabajar, va a tener un impacto muy positivo».
«Entre los puntos a destacar ponernos en valor que se prioriza a las empresas con sindicación como un factor de calidad en el empleo. La representación sindical viene definida en la Constitución, es un derecho que tenemos. Además se priorizará a las empresas que en sus convenios colectivos tengan cláusulas que aseguren la calidad en el empleo», ha señalado Castilla.
«UGT ha peleado para que deje claro dicho acuerdo que las empresas deben cumplir el convenio colectivo de su sector, que en el caso que haya subrogación en dichas empresas se respete las condiciones de trabajo.
Además este acuerdo potencia la discriminación positiva en aquellas empresas que se rijan por el principio de igualdad de género en la contratación, así como aquellas que fomenten la conciliación de la vida laboral y familiar», ha destacado.
Finalmente, Carmen Castilla ha explicado que «se vigilará que las empresas cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no podemos permitir que por disminuir la vigilancia en este aspecto sigan muriendo personas en el tajo».
En este sentido, el secretario general de CCOO ha dejado claro que «cualquier servicio público tiene que contar con garantías suficientes y que además se debe apostar por la prestación de los servios públicos desde lo público mediante su gestión directa. Durante la crisis la iniciativa privada ha accedido a la gestión de políticas públicas y tienen presencia en el conjunto de los sistemas de bienestar. Sin renunciar a defender la reversión de estas externalizaciones-privatizaciones, desde CCOO hemos defendido la necesidad de la calidad en la prestación; el mantenimiento del empleo y la calidad en las condiciones de trabajo; la Subrogación de las plantillas y el cumplimiento de las condiciones laborales (convenio colectivo)».
El líder sindical ha añadido al respecto que «la austeridad nos ha llevado a pensar que lo que vale es lo más barato, pero hay que ser conscientes de que aunque las empresas tienen que obtener beneficios, estos no pueden ser a costa de la calidad del servicio que se presta o de las condiciones de trabajo de las plantillas porque «los trabajadores no pueden ser los rehenes de las empresas».
CCOO ha destacado la comisión de seguimiento del acuerdo que garantiza que haya una evaluación periódica para medir su eficacia y evolución y han coincidido en calificar el Acuerdo de un «buen instrumento de futuro y para futuro en el que los mayores beneficiarios van a ser los andaluces y andaluzas y los trabajadores que prestan los servicios» y velará porque esta cumpla las funciones atribuidas de evaluación periodica y de eficacia del Acuerdo.
Entre otras novedades que incluye el Acuerdo es que la Junta de Andalucía le rescindirá «automáticamente el contrato a aquellas empresas» que incumplan durante dos meses consecutivos el pago del salario a sus trabajadores y trabajadoras.
