La secretaria General de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, Carmen Castilla, ha intervenido en el acto de presentación de la «Estrategia andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022», que se ha celebrado en el Palacio de San Telmo. En su intervención, Carmen Castilla ha señalado que «de los 111 trabajadores fallecidos hasta el mes de noviembre, 50 tenían una antigüedad de menos de 1 año en el puesto de trabajo y de estos, 26 llevaban trabajado en el mismo menos de 1 mes y 6, el primer día de trabajo».
Para la líder regional de UGT, «el resultado de documento es fruto de un concienzudo trabajo de los funcionarios y responsables de la Dirección General de Relaciones Laborales y Salud Laboral, así como del Instituto Andaluza de Prevención de Riesgos Laborales. También de las aportaciones y consenso de UGT Andalucía, CCOO-A y CEA».
Para UGT-A, «esta Estrategia debe incidir con fuerza en la reducción de la siniestralidad laboral, ya que las cifras muestran un aumento de un 6,94% (de 87.485 a 93.553; incluidos los accidentes in itínere) durante el periodo de enero a noviembre de 2017, con respecto al mismo periodo del año anterior»
Según Carmen Castilla, «Hay que recordar que en el año 2017 han fallecido 111 trabajadores en accidentes laborales, según datos oficiales de enero a noviembre de la Junta de Andalucía, por tanto esta cifra puede aumentar y que por desgracia se viene incrementando año a año. Igualmente ocurre con el número de trabajadores afectados por enfermedades profesionales, en el año 2016 hubo 848 partes de comunicación de Enfermedad Profesional y en el 2017, 1.001 partes comunicados, lo que supondría un aumento de 18,04%, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017».
«Estos datos podrían verse incrementado de no existir una infracomunicación de los partes de enfermedades profesionales: es llamativo que el índice de incidencia en Andalucía (35,17) sea el más bajo de todo el país, incluso que el de Melilla (39,2). En Andalucía en el año 2016 se comunicaron 848 partes, frente a los 3.180 de Cataluña o los 1.669 de Madrid, teniendo estas dos Comunidades un número de trabajadores similar a la andaluza. Si comparamos ya, con otras Comunidades Autónomas más pequeñas y con menos trabajadores que Andalucía, los datos resultan más impactantes. Es el caso por ejemplo del País Vasco (con 2.818 y un tercio de población trabajadora), o Aragón (con 1.248 partes comunicados y una sexta parte de población trabajadora que la andaluza)», ha señalado, «Andalucía es la Comunidad Autónoma que menos Enfermedades Profesionales declara».
«Es necesario también que los facultativos de la sanidad pública estén formados para detectar este tipo de patología y sea tratada como enfermedad profesional y no como común», ha dicho.
«Es cierto que cuando hablamos de siniestralidad laboral y damos los datos del mes o año, puede dar la impresión de que hablamos de aquéllos trabajadores fallecidos de forma violenta, pero no hay que olvidar que dentro de éstos, se están incrementando los accidentes in itínere (15 de enero-noviembre 2017), causa que no deja fuera del alcance a ningún tipo de actividad ni trabajador; pero hay que resaltar aquella siniestralidad laboral que no se produce de forma violenta, sino por enfermedades profesionales (reconocidas o no) como son los infartos, ictus, cáncer, etc.; así como por riesgos psicosociales, estrés, ansiedad, depresión ,etc», ha insistido Castilla.
«En muchos de los accidentes laborales, tanto los producidos de forma violenta como por enfermedades profesionales o riesgos psicosociales, tienen una fuerte incidencia las condiciones laborales y ámbito laboral en el que el trabajador desarrolla su actividad, pudiendo afirmar que la precariedad laboral hoy en día es un potente factor de riesgo de padecer un accidente laboral o enfermedad profesional», ha dicho.
Para UGT Andalucía, «el ir al «tajo» no puede suponer bajo ningún concepto, que un trabajador pierda la vida o perjudique su salud. En este sentido, vamos a ser muy combativos con todos aquellos que no cumplen con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Somos conscientes de que cada estamento tiene una responsabilidad en la prevención de los riesgos laborales, la nuestra es la de informar, formar y concienciar a los trabajadores y trabajadoras; los empresarios la de poner todas las medidas para prevenir los riesgos laborales y la Administración pública por un lado la de educar y concienciar, es decir, sensibilizar a la sociedad andaluza en la «Prevención»».
Según Carmen Castilla, «para ello es necesario que desde las edades más tempranas se forme y eduque en esta materia de forma que el alumnado cuando acceda al mundo laboral, lleve incorporadas las competencias necesarias para desarrollar su trabajo de forma segura. Potenciar y promover por tanto, una auténtica cultura de la prevención».
«Somos conscientes de que éste es un objetivo a largo plazo, mientras tanto, la Administración debe llevar a cabo una campaña permanente y constante de sensibilización dirigida a la sociedad andaluza. Campaña que debe tener un fuerte impacto en la misma, del tipo de las que se hacen para los accidentes de tráfico, violencia de género o las adicciones. Hay que recordar que los accidentes de trabajo son la segunda causa de muerte violenta, después de los accidentes de tráfico», ha manifestado.
«Invertir en seguridad es aumentar a la vez la rentabilidad en vida y en salud para los trabajadores, en «el capital humano», el más importante capital que tiene toda empresa. Esta inversión pasa por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Desde UGT Andalucía, exigimos que haya una actuación más contundente de la Inspección de Trabajo en relación a aquéllas empresas que no cumplen con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la vez de una mayor dotación de los recursos humanos, de forma que puedan realizar de forma eficiente, la labor que tiene encomendada», ha finalizado Carmen Castilla.
En dicho acto ha estado acompañada por la secretaria General de Comisiones Obreras de Andalucía, el Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Presidenta de la Junta de Andalucía. La Estrategia, que cuenta con una inversión de 59 millones de euros, tendrá cuatro objetivos generales: mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores, mejorar la gestión preventiva en las empresas, mejorar la eficacia del sistema de seguridad y salud en el trabajo y consolidar la cultura preventiva en la sociedad andaluza.