Unos 400 técnicos y empresarios han asistido a la jornada formativa sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público que han organizado la Diputación de Málaga y la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -por la que se transponen al ordenamiento jurídico español varias directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo- entrará en vigor en marzo del año próximo y pretende lograr una mayor transparencia en los procesos de adjudicación y una reducción de las cargas administrativas y las trabas burocráticas. Así mismo, uno de sus objetivos es facilitar el acceso de las pymes y de los autónomos a los procesos de contratación.
El vicepresidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado la importancia de la nueva normativa, ya que la contratación pública representa alrededor de 20% del PIB de España, es decir, unos 200.000 millones de euros anuales. Facilitar más transparencia y hacer más ágiles las contrataciones son pilares fundamentales para que las administraciones públicas seamos más abiertas y más eficaces, ha comentado.
El volumen de contrataciones de la Diputación de Málaga durante el año pasado fue de 23 millones y medio de euros. Por procedimiento abierto, se gestionaron más de 15 millones de euros, lo que supone el 65% de las contrataciones, a los que se unen unos siete millones de euros correspondientes a más de 3.500 contratos menores. A ellos se añaden también algo más de un millón de euros en contratos negociados.
El pago total a proveedores de la Diputación se sitúa en los 47 millones de euros anuales y el promedio de pago se sitúa en los 12 días.
En materia de transparencia de contratos, Salado ha añadido que la Diputación de Málaga cumple al cien por cien los índices e indicadores que establecen tanto Transparencia Internacional como DYNTRA, las dos entidades más importantes que miden los niveles de transparencia de las administraciones públicas.
Contenido de la jornada
En la inauguración de la jornada han participado el diputado de Congreso, José Vicente Marí Bosó; el diputado provincial de Fomento e Infraestructuras, Francisco Javier Oblaré, y el presidente de ACP, Emilio López Caparrós.
La abogada del Estado y jefa en los Tribunales Centrales de lo Contencioso Administrativo, Belén Plaza, ha abordado los aspectos generales de la nueva ley; y el magistrado en excedencia del TSJA de Andalucía y socio del despacho Martínez Echevarría Abogados, Jorge Muñoz Cortés, ha analizado temas como la revisión de previsión y la liquidación del contrato e indemnización de daños y perjuicios.
Además, la magistrada del Tribunal Supremo Celsa Picó ha informado sobre los criterios de adjudicación, de ejecución y las cláusulas sociales y medioambientales; el abogado del Estado y vocal del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Manuel Renedo se ha centrado en el fraccionamiento de los contratos; y el secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, ha hablado sobre la clasificación de los contratistas y el pago del precio por la Administración y a los subcontratistas.
