Ante la gravedad de lo que está ocurriendo en Cataluña, sin que el Gobierno de la nación haga nada por impedirlo, crece la preocupación entre todos los españoles por las consecuencias que pueden derivarse de tal dejación de funciones, nunca vista antes en la historia de España, ante el uso de la fuerza que están empleando los independentistas, azuzados por el gobierno de la Generalidad.
El Estado tiene las prerrogativas y los medios para frenar, también por la fuerza, todos los desmanes que está cometiendo la Generalidad de Cataluña, regida por un gobierno independentista, sectario y fuera de control.
Y si deja de usar esos medios en casos, como el actual, de extrema necesidad, de forma deliberada e ilegítima, está facilitando la subversión de los principios básicos reguladores de esa sociedad, quemantienen y garantizan una pacífica convivencia social, donde debe imperar el respeto mutuo a los derechos de cada uno. Es obvio que los graves acontecimientos que se están produciendo, de forma acelerada, donde impera la ley del más fuerte, con violación, a diario, de derechosbásicos fundamentales, recogidos en el Título I de la Constitución, y ello ante la absoluta e ilegal paralización del Gobierno, infringiendo -yo creo que penalmente- la función que le impone el artículo 97 de la Constitución, que es la defensa del Estado.
El Estado tiene atribuido en exclusiva, el uso legítimo de la fuerza, de forma vicaria, porque todos y cada uno de nosotros, hemos delegado en él, ese derecho, con renuncia a nuestro derecho personal e inviolable de la defensa propia, con el único objetivo de garantizar la paz social, para que no impere la ley del más fuerte.
Asistimos atónitos, sin pegar ojo, al gravísimo espectáculo de que grupos liberticidas y revolucionarios, atenten contra derechos legítimos de los demás, ocupando territorios, zonas urbanas y vías públicas, clamando como si fuesen botines de una guerra que tienen perdida y, lo que es gravísimo, ante la absoluta impasibilidadde un Gobierno que se está deslegitimando a pasos agigantados con su torpe, desleal y traicionera actuación pasiva.
Es evidente, que el crecimiento de esta grave alteración de la paz social provocará, indefectiblemente, la necesidad de defender la integridad territorial de España, así como el ordenamiento constitucional, recogido en el Art. 8 de la Constitución, para evitar que cada uno nos tomemos por la fuerza la defensa de nuestros derechos inviolables, aunque es obvio que, al menos, debería aplicarse ya, de forma indefinida, el artículo 155 o el que corresponda, para desalojarlos de las instituciones que vayan contra nuestro orden Constitucional.
Antonio Poyatos Galián
