Miembros del grupo Verdemar Ecologistas en Acción han aliviado de forma manual este sábado la bocana del río Guadiaro ante lo que califican de impasividad de las administraciones competentes, para evitar un mayor desastre ambiental. Esta acción se produce tras varios episodios de cierre de la desembocadura durante este verano. A la zona se desplazó el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque, Juan Serván, que participó en las labores de dragado junto con el colectivo conservacionista.
Una veintena de miembros del grupo ecologista Verdemar han conseguido durante la mañana que el río Guadiaro comunique con el mar y así evitar la muerte de un río por eutrofización como consecuencia de la erosión antrópica, tras aproximadamente 60 días de cierre de la bocana.
Hay que recordar que el pasado 27 de septiembre, se convocó en el Consistorio a responsables del Gobierno Central y de la Junta de Andalucía para buscar una solución satisfactoria a un problema que se viene repitiendo en el tiempo, y donde el Ayuntamiento de San Roque ha pagado más de 14.000 euros en abrir la desembocadura.
El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, recordó que se trata de un dinero que es de la ciudadanía de San Roque, a pesar de que lo único que tenemos claro es que no es una competencia nuestra.
En la reunión, el alcalde constató que lo único que trascendió fue el peloteo entre dos administraciones: Gobierno Central y Junta de Andalucía, y donde la Subdelegación en Cádiz demostró que no tenía claro a quién le correspondía la competencia.
A comienzos de esta semana la Abogacía del Estado trasladó a la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico un informe en el que ratificaba que la competencia para abrir la desembocadura del río Guadiaro era de la Junta de Andalucía.
Ante tales hechos, el primer edil potó por formalizar una denuncia ante un juzgado sanroqueño al delegado del Gobierno Central en Andalucía, Antonio Sanz, al subdelegado en Cádiz, Agustín Muñoz, y al jefe de la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, acusándoles de prevaricación y de presuntos delitos mediambientales tras negarse a tomar medidas para impedir el cierre por arena de la desembocadura.
El regidor sanroqueño explicó que junto al escrito se adjuntan varios documentos que sirven para sustentar nuestra denuncia. El primero fue remitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en el que se recoge otro que envió este órgano autonómico a la Demarcación de Costas.
En el mismo se sostiene, echando mano de la normativa pertinente, que la competencia en estos casos es del Gobierno Central, y se recuerda que Costas abrió por su cuenta recientemente y sin polémicas de competencias la desembocadura del río Salado, en Conil.
También -manifestó- adjuntamos a la denuncia el escrito de la misma Demarcación de Costas en el que se decide archivar el expediente sancionador que se instruyó contra el Ayuntamiento el año pasado. Recordamos que se nos quería sancionar porque, ante la inacción del Gobierno Central, tuvimos que abrir la desembocadura con la ayuda de vecinos y ecologistas.
El artículo 111.A de la Ley de Costas indica que serán obras de interés general y competencia de la Administración General del Estado las que se consideren necesarias para la protección, la defensa, la conservación y el uso del dominio público marítimo terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que la integran.
Cuando tuvieron que abrir la bocana del río Salado -continuó el primer edil- no tuvieron ninguna duda, y actuaron con prontitud, cosa de la que me alegro. Sólo pido la misma determinación para el río Guadiaro. Por esta razón hemos presentado la denuncia ante el Juzgado de San Roque, y sólo espero que esta decisión contribuya a que esta cuestión se solucione de manera definitiva a favor de los intereses de la ciudadanía sanroqueña y de la preservación de la riqueza natural del río Guadiaro, concluyó.
El presidente del colectivo ecologista, Alfredo Valencia, ha indicado que lógicamente cuando Verdemar ve algún desastre ambiental como éste y ante la ineptitud e ineficacia de las administraciones competentes, decidimos tomar cartas en el asunto y actuar de manera decidida para evitar la muerte del río, que es lo que está sucediendo mientras sigue la discusión entre las instituciones.
Dijimos que mientras se cerrara la bocana, Verdemar ahí estaría para abrirla, reconoció Valencia.
Estamos hablando de una zona protegida que encierra una gran diversidad de flora y fauna, con una zona de descanso de aves y cuyo entorno es de enorme importancia medioambiental, turístico y social.
El presidente de Verdemar aclaró que el colectivo siempre ha acudido a la apertura manual de la bocana. En la última ocasión contamos también con la colaboración de los voluntarios del retén contraincendios y hoy -continuó- hemos hecho una convocatoria abierta para todo aquel que quiera echar una mano.
El concejal Juan Serván agradeció la rápida respuesta de Verdemar, y señaló que nos encontramos apoyando esta iniciativa mientras las administraciones miran para otro lado tras no ponerse de acuerdo en la cuestión de las competencias.
El titular municipal de Medio Ambiente reconoció que contamos con un estuario y un río con una importante diversidad que se están viendo afectados mientras continúa la inacción de las administraciones competentes. Mientras la pelota va de un tejado al otro, el Ayuntamiento siempre está en medio y luchando por solventar una cuestión que desde luego no es de su competencia, aclaró.
No pedimos una solución para taparnos la boca ni para actuar de manera puntual -recalcó Serván-, sino para que se solucione de manera definitiva y no vuelva a ocurrir este taponamiento, que venimos sufriendo en los últimos veinte años, y que va agravándose con el paso del tiempo.
El concejal del PIVG Jesús Mayoral también se presentó en la zona. Lamentó que esta acción se vea eclipsada en poco tiempo, ya que en cuanto se produce un episodio de levante fuerte en la zona, nuevamente colmata de arena la bocana.
La pena es que en la reunión que tuvo lugar el pasado día 27, las administraciones no llegasen a un acuerdo. Está claro -prosiguió- que no le corresponde al Ayuntamiento de San Roque, pero lo mínimo que debían ofrecernos son unos protocolos de actuación en tanto se solventa la cuestión de las competencias que ahora está en manos de la justicia.
