La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella ha acordado en su reunión semanal la remisión a la Fiscalía de un informe jurídico que concluye que la prescripción de expedientes sancionadores urbanísticos en la anterior legislatura pudiera ser constitutivo de un delito de prevaricación.
Según detalla el documento este delito está castigado con penas de inhabilitación para desempeño de empleo o cargo público, situación en la que se encontraba imputado el anterior edil de Urbanismo por el caso Funky Buddha.
El portavoz municipal, Javier Porcuna, ha explicado que este informe ha sido elaborado por la asesoría externa del Ayuntamiento Gaona -contratada por el anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular- y también concluye que con la nueva ley si los casos se hubieran producido después del 1 de junio de 2015 también podría entrar en concurso un delito de malversación de caudales públicos.
La Junta de Gobierno Local ha acordado hoy remitir este informe a la Fiscalía para que tome las medidas oportunas por unas actuaciones que han tenido un grave perjuicio para las arcas municipales, ascendiendo el mismo, según los primeros cálculos, a los 9,1 millones de euros, ha manifestado el concejal.
Ha recordado que la Junta de Gobierno ya dio cuenta el pasado 15 de octubre de 2015 de una serie de procedimientos sancionadores que presentaban prescripción en algunos casos y caducidad en otros debido a que se dejaron de firmar los decretos de sanción correspondientes que se presentaban pero que se devolvían sin suscribir.
Plan Parcial Arroyo Palomares
El Gobierno local, también en materia urbanística, ha aprobado esta mañana de forma provisional el Plan Parcial del Arroyo Palomares, un expediente que recibió luz verde en el Pleno anterior a la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 y que, por tanto, había quedado paralizado.
En poco más de seis meses la delegación de Urbanismo ha conseguido con un gran trabajo sacar adelante este plan parcial, ha destacado Porcuna, quien también ha anunciado la derogación del artículo 14 del Reglamento Regulador de los Aprovechamientos Urbanísticos.
Con la derogación de este artículo vamos a conseguir agilizar los procedimientos urbanísticos en lo que se refiere a la modificación de datos y obtención de los mismos, ha detallado el concejal.
Por último, ha adelantado que la inversión urbanística en la ciudad en lo que va de año asciende ya a 14,4 millones de euros con la aprobación de una nueva licencia de una vivienda unifamiliar en la zona de Elviria, presupuestada en 650.000 euros.
