El presidente provincial de la asociación española contra el cáncer (AECC) en Málaga, Francisco Aguilar Muñoz, ha sido elegido nuevo representante autonómico de la AECC en Andalucía. Este cargo implica ejercer la representación de la asociación ante la administración y las instituciones andaluzas, ser el portavoz de las necesidades de las sedes provinciales ante el consejo nacional de AECC y coordinar a las sedes provinciales andaluzas en los objetivos comunes marcados para el apoyo de los pacientes y la defensa de sus intereses.
Francisco Aguilar fue nombrado presidente provincial de AECC Málaga el 26 de febrero de 2013 y en este periodo de tiempo ha conseguido triplicar el número de socios en la provincia de Málaga, ha puesto en marcha seis sedes locales más para llegar a más pacientes y ha sido el impulsor de los dos primeros congresos andaluces de pacientes, en los años 2015 y 2017, que han servido de referente para otras comunidades y ciudades de España.
Sucede en el cargo a Julio Cuesta, expresidente provincial de AECC Sevilla y actualmente miembro del consejo nacional de AECC. Francisco Aguilar ha destacado que hay muchos temas que conciernen a las personas con cáncer en los que hay que seguir avanzando pero ha dejado clara su principal preocupación en estos momentos: “la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, sin duda, nos va a traer una emergencia social en la población con cáncer. Nosotros ya la estamos notando en nuestras sedes provinciales. Se está produciendo un aumento de peticiones de ayuda por parte de los pacientes. Por eso la AECC, que siempre responde, ya ha creado una partida especial de 3 millones de euros para atender este incremento de demandas. En Andalucía vamos a estar a la altura para atender a las personas enfermas que se encuentren en situación de vulnerabilidad”.
La población con cáncer es extremamente vulnerable en el ámbito sanitario, pero también en el social, ya que el cáncer, según datos del Observatorio de AECC, provoca que cada año, alrededor de 27.000 personas se sitúen en una situación de riesgo de exclusión social al que hay que añadir los efectos causados por el COVID-19. De ellas, 2.334 son de Andalucía, la primera Comunidad Autónoma por delante de Madrid y Cataluña.
