La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y la responsable territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Carmen Casero, han mantenido hoy una vídeoconferencia con los representantes de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (APCPM) en la que se ha puesto de manifiesto la voluntad clara de la Junta de Andalucía a impulsar la obra pública en la provinicia.
El compromiso ha sido poner en marcha todas las contrataciojnes paralizadas y aquellas iniciadas y pendientes, en cuanto el Gobierno de la Nación lo permita, mediante el procedimiento de urgencia para acortar plazos, actualmente en suspenso por el recurso del Estado ante el Tribunal Constitucional.
“Tenemos claro que hay que reforzar el sector todo lo que podamos y que la inversión en infraestructuras es imprescindible para salir de la crisis en la que nos ha metido esta pandemia del coronavirus”, ha subrayado Navarro, quien reconoce y agradece “todo el esfuerzo, trabajo y predisposición del sector ante la situación sobrevenida”.
Más de 1.300 constructoras y 7.400 empleos se han visto afectados por ERTEs en la provincia, por lo que la delegada del Gobierno ha querido conocer de primera mano los problemas y preocupaciones del sector en Málaga a través de una videoconferencia con el presidente general de los constructores, Juan Manuel Rosillo, el presidente de los promotores, Ignacio Peinado, así como la secretaria general de APCPM, Violeta Aragón.
Todos han agradecido el encuentro convocado por la Junta y han trasladado varias problemáticas, entre las que destacan la necesidad de unificar criterios en los pliegos de condiciones de obra pública y la posibilidad de gestionar los trámites de forma telemática, así como sacar licitaciones destinadas también a la pequeña y mediana empresa.
La construcción “aporta mucho al turismo también y es preciso en estos momentos generar contratos de menor cuantía quizá para las pymes, que puedan contribuir a la puesta en valor de infraestructuras” que son relevantes también para el sector túrístico, ha indicado Rosillo.
Peinado ha incidido en la necesaria revisión de la fiscalidad aplicada a la vivienda, cuestión que también están trasladando al Gobierno de la Nación, para ayudar en el acceso a la vivienda de jóvenes y familias con ingresos afectados por esta difícil situación, y también, medidas concretas de apoyo al “turismo residencial”, ya que genera más del 10% de nuestro PIB. “Tenemos que seguir siendo líderes en España en atracción de nuevos residentes, y para ello, debemos ofrecer ventajas competitivas, que ya ofrecen otros países de nuestro entorno”, ha agregado.
