La Junta de Andalucía ha anunciado la puesta en marcha de un plan de vigilancia de las playas en la Comunidad Autónoma, consistente en la contratación de 3.000 desempleados destinados al apoyo a las policías locales de los municipios costeros en el cumplimiento de las medidas de control de aforo y distanciamiento social en estos espacios.
Desde el inicio de la pandemia, tal y como ha señalado el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, los vigilantes de seguridad privada, sobre la base de la formación adquirida tanto con carácter previo a su habilitación administrativa como durante su desempeño profesional, han realizado una labor encomiable en la garantía del control de aforos y distanciamiento social en espacios semipúblicos como supermercados o redes de infraestructuras de transporte.
Unas funciones expresamente asignadas por la normativa en vigor para la garantía del distanciamiento social en espacios abiertos al público tras el inicio de la Fase 2, como son los centros comerciales. Unas actuaciones desempeñadas, todas ellas, desde el carácter complementario y especialmente colaborador de la seguridad pública que establece la Ley de Seguridad Privada, reforzado, si cabe, durante la vigencia del estado de alarma.
En este sentido, resulta sorprendente que, frente a la opción de contar con profesionales de la seguridad privada, con una formación y desempeño profesional habilitados por la policía, sujetos a un Convenio Colectivo Estatal garante de unas condiciones de empleo pactadas por los agentes sociales, capacitados para la prevención de infracciones administrativas y con la protección jurídica que les garantiza la Ley, la Junta de Andalucía haya optado por una fórmula que, muy difícilmente puede conducir a análogos niveles de garantía para los ciudadanos. Más aún, cuando la ley de seguridad privada regula con todo detalle los requisitos de autorización y prestación de servicios en los espacios públicos, siempre llevados a cabo con carácter subsidiario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fórmulas llevadas a cabo exitosamente en diversos espacios en los últimos años y especialmente adecuadas para llevarse a cabo en las playas andaluzas.
La opción por la que parece haber optado la Junta de Andalucía impide, por otra parte, el acceso al mercado de trabajo de los profesionales de la seguridad privada habilitados que se encuentran en la actualidad en situación de desempleo en Andalucía pero, lo que es más relevante, incide en la propia confiabilidad del sector turístico de Andalucía, que se hubiera reforzado adicionalmente por la posibilidad de contar en las playas con servicios de seguridad privada de calidad acreditada en otros entornos, sobre la base de los medios técnicos complementarios y garantía de cobertura de un servicio de seguridad privada prestado por una empresa autorizada por el Ministerio del Interior.
En este sentido, tanto FeSMC-UGT Andalucía como APROSER Andalucía solicitan la reconsideración urgente de la medida propuesta y, en la línea de lo manifestado en las últimas semanas, a pesar de no haber sido atendido hasta el momento, reiteran su ofrecimiento para compartir su conocimiento para poner en marcha una solución alternativa en la prestación de los servicios en las playas andaluzas.
