FACUA-Consumidores en Acción pide al Ministerio de Consumo que actúe ante el fraude de los 902 tras las multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Vodafone España, Orange Spagne y Xtra Telecom (Grupo Másmóvil) por pagar ilegalmente a empresas por llamadas recibidas en esas líneas, cuyo uso para atención al cliente además está prohibido. Los hechos, que ocurrieron entre diciembre de 2016 y mayo de 2019, suponen una infracción grave de la Ley General de Telecomunicaciones.
La CNMC ha impuesto una multa de 37.000 euros a Vodafone, de 39.000 euros a Orange y de 5.400 euros a Másmóvil. Además, también ha sancionado a otras dos operadoras, BT España y Alai Operadora de Telecomunicaciones, con 72.000 y 13.800 euros respectivamente. Todas las operadoras -excepto Vodafone- han reconocido su responsabilidad y han abonado las sanciones
FACUA considera rídiculas las cuantías de las sanciones que ha impuesto Competencia ante una grave infracción de la Ley General de Telecomunicaciones, y advierte de que son prácticas que han causado enormes perjuicios a los consumidores.
La asociación viene solicitando desde 2015 a las autoridades de consumo y telecomunicaciones que abran investigaciones para conocer qué empresas se lucran ilegalmente utilizando teléfonos de atención al cliente con prefijo 902 para ingresar un porcentaje del importe que pagan los usuarios por las llamadas. Hasta la fecha, ni la CNMC ni las comunidades autonónomas han dado a conocer qué empresas son ni si las han sancionado.
FACUA reclama al Ministerio de Consumo que investigue y aclare cuáles son las empresas que contrataron líneas 902 con las compañías ahora sancionadas y que se lucraban con las llamadas que realizaban los usuarios para proceder a denunciarlas ante las autoridades de consumo. Y es que beneficiarse con las llamadas a los teléfonos de atención al cliente también es una práctica prohibida expresamente en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias desde la modificación introducida por Ley 3/2014, de 27 de marzo.
