La incautación de documentación y equipos corporativos y personales efectuada por agentes de la Policía Nacional en Europa Press, EFE y a un periodista de Diario de Mallorca, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística, ha conseguido el rechazo únánime de organizaciones profesionales. Reproducimos los comunicados emitidos.
FIP y FEP condenan el registro judicial
Agentes de la Policía Nacional española registraron las oficinas de la agencia de noticias Europa Press y del Diario de Mallorca para incautar documentación, equipos de trabajo corporativos y móviles personales de varios periodistas para averiguar una fuente de información relacionada con el Caso Cursach.
Las federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP y FEP) se unen a sus afiliados españoles en la condena de estos hechos, que suponen una grave violación del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información. Este derecho es un pilar fundamental de la libertad de prensa recogido en el artículo 20 de la Constitución Española y su violación supone un ataque al libre ejercicio del periodismo.
Según ha informado Europa Press, tres agentes de policía y una secretaria judicial se personaron en la redacción de la agencia para exigir la entrega de toda documentación relacionada con el Caso Cursach en el marco de la investigación judicial de este caso. Los agentes, amparándose en el mandato judicial, se llevaron su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la agencia y documentos relacionados con el caso. Además, impidieron que la periodista tuviera asistencia jurídica durante el registro.
Todos los afiliados de la FIP han rechazado esta actuación policial y han recordado la importancia de proteger el secreto profesional de los/as periodistas, además de mostrar solidaridad con los afectados y exigir la inmediata devolución de todo el material incautado.
El secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, ha afirmado que esta actuación policial supone una grave vulneración del secreto profesional de los periodistas, reconocido en el artículo 20 de la Constitución española y en todas las legislaciones democráticas sobre libertad de información. Yanel ha mostrado también su solidaridad con los compañeros y compañeras de los medios afectados a los que apoyamos en todas las acciones que quieran emprender para defender sus derechos profesionales y constitucionales.
Por su parte, la FAPE ha condenado los hechos y ha denunciado que los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca no están obligados a revelar quienes le facilitaron la información y mucho menos a entregar los documentos y los equipos con lo que desarrollan su trabajo.
La Agrupación de Periodistas de CCOO ha afirmado que el secreto profesional no es un capricho de un gremio sino que es la base fundamental sobre la que se sustenta la relación de confianza entre los periodistas y sus fuentes, cuya protección es imprescindible para garantizar que puedan suministrar informaciones de indudable interés público, y que de otra forma no serían conocidas por la ciudadanía. Además, ha recordado la urgencia de afrontar reformas legislativas para acabar con la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza).
Rechazo tajante de la FAPE
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechaza tajantemente la incautación de documentación y equipos corporativos y personales efectuada hoy por agentes de la Policía Nacional en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press y a un periodista de Diario de Mallorca, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística.
logofapebuenowTres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción de la Agencia de noticias la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre la información relacionada con el caso Cursach que facilitase cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local.
Amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel. Además, la Policía también ha requisado su teléfono particular a un periodista del Diario de Mallorca.
La FAPE considera que esta incautación vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero.
En los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información.
La FAPE recuerda que el secreto profesional es un derecho de los periodistas y tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes; de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información.
Por lo tanto, los periodista de Europa Press y Diario de Mallorca no están obligados a revelar quienes les facilitaron la información y mucho menos a entregar los documentos y los equipos con los que desarrollan su trabajo.
La FAPE recuerda que la jurisprudencia sostiene que la libertad de información legitima la actuación de los medios y de sus periodistas, al tiempo que hace prevalecer el derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la noticia cuestionada es veraz, se refiere a asuntos de interés general o de relevancia pública y está debidamente contrastada.
La FAPE exige la devolución del material incautado y la aclaración de los hechos y respalda todas las actuaciones en defensa de ambos periodistas y de sus medios que realice su federada en Baleares, la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares
Rechazo de la Red de Colegios de Periodistas
La Red de Colegios Profesionales de Periodistas expresa su rechazo a las actuaciones que hoy se han producido en diversos medios de comunicación de Islas Baleares, Europa Press y Diario Mallorca, ante lo que considera una clara vulneración del derecho al secreto profesional que ampara a estos profesionales en el ejercicio de su trabajo.
La Red recuerda que el artículo 20 de la Constitución reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y la regulación por ley del derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
La Red de Colegios Profesionales de Periodistas insiste en que el secreto profesional se justifica justamente porque permite que informaciones relevantes, de indudable interés público, salgan a la luz y sean conocidas por la ciudadanía. Coartar este derecho es actuar contra los principios básicos de la democracia, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recordado en numerosas ocasiones.
Piden rectificación pública al Fiscal General del Estado
La Red de Colegios de Periodistas exige al fiscal general del estado, María José Segura, una rectificación pública tras el respaldo manifestado por la Fiscalía del Estado a las diligencias policiales llevadas a cabo el 11 de diciembre de 2018 en los medios de comunicación Diario de Mallorca y Europa Press Baleares.
Asimismo, la Red pide la devolución inmediata del material y la documentación inacautada a los periodistas de esos dos medios, ya que dicha incautación es una vulneración del derecho al secreto profesional de los periodistas que se reconoce en la Constitución Española. Desde la Red se considera inadmisible que la Fiscalía del Estado se acoja a los artículos 573 y 575 de la Ley de enjuiciamiento Criminal para defender esas diligencias, por lo que se reserva el derecho a acudir a las instancias que sean necesarias, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, para defender los derechos fundamentales de los periodistas.
Por último, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas recuerda que se llevan cuatro décadas esperando la Ley Orgánica que desarrolle el secreto profesional, por lo que insta a las instituciones pertinentes a que afronten este mandato constitucional, para lo que la Red muestra su total colaboración.
RSF exige la devolución del material incautado a sus periodistas
Reporteros sin Fronteras, en otro comunicado emitido, recuerda que los responsables de custodiar los secretos de sumario y de evitar filtraciones en casos judiciales no son los medios de comunicación y agrega:
Reporteros Sin Fronteras manifiesta su indignación y absoluto rechazo ante las actuaciones que el 11 de diciembre llevó a cabo la Policía Nacional contra el Diario de Mallorca y la delegación en Baleares de Europa Press. Siguiendo una orden del juez Miquel Florit, que instruye la causa contra el magnate del ocio Bartolomé Cursach, agentes de la policía se incautaron de los teléfonos móviles, ordenadores y material de trabajo de dos periodistas de sendos medios, con el fin de averiguar la fuente que filtró, el pasado mes de julio, un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de Palma de Mallorca sobre presuntas irregularidades contables del empresario.
El periodista del Diario de Mallorca Kiko Mestre fue citado primero en los juzgados de Palma y allí le fue intervenido su teléfono móvil personal. Poco más tarde, agentes de la policía entraban en la sede del rotativo para llevarse el ordenador y documentos de Mestre. Ante la negativa de la dirección del medio a entregarlos y la ausencia de una orden judicial, los agentes abandonaron la sede de Diario de Mallorca con las manos vacías. En este vídeo, Kiko Mestre explica cómo sucedieron los hechos.
En una operación con idéntico modus operandi, efectivos de la Policía Nacional se personaron en la redacción de la delegación de Europa Press en Baleares y requisaron el teléfono móvil y dos ordenadores, además de documentos profesionales de la periodista Blanca Pou. Pese a los intentos de ésta de contar con asesoramiento legal antes de que los agentes obrasen, éstos hicieron caso omiso y procedieron a incautarse de su material de trabajo.
Es un hecho gravísimo e insólito. Contraviene principios fundamentales de la libertad de información, amparada por la Constitución, y del inalienable secreto profesional, que garantiza la protección de las fuentes. ¿Qué clase de peligroso precedente sienta esta decisión judicial?, afirma Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras España. Pedimos la devolución inmediata del material incautado a los periodistas y recordamos, una vez más, que la custodia del secreto de sumario y de cualquier documento que sustente una instrucción judicial no corresponde a los medios, ni a los periodistas, sino a los organismos e instituciones que los tutelan, añade.
Reporteros Sin Fronteras quiere destacar, asimismo, que en caso de que en una causa judicial entren en conflicto la revelación de secretos y la libertad de prensa, la doctrina del Tribunal Constitucional se inclina a favor de la segunda.
Manifiesto en defensa del Derecho a la Información y a la Libertad de Prensa tras la intervención judicial en Europa Press Baleares, Diario de Mallorca y EFE
La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) promueve el presente Manifiesto para exigir el respeto al ejercicio de los periodistas en su labor informativa con garantías de independencia y libertad, lo que implica velar por su derecho constitucional del secreto profesional.
El registro policial y la incautación judicial de ordenadores, móviles y documentación a periodistas de Europa Press Baleares y Diario de Mallorca para identificar una fuente de informaciones en un caso de corrupción suponen un grave atentado contra la Libertad de Prensa.
Hemos sabido también que la policía judicial requirió documentos a EFE hace algunas semanas y pidió a una periodista de la agencia información sobre sus fuentes.
Los abajo firmantes reclaman el respeto a un periodismo libre, pilar básico en una democracia, y piden a la Fiscalía General del Estado que retire su apoyo a estas actuaciones coercitivas hacia los periodistas que informan sobre casos relevantes de corrupción.
