El juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga el caso de los ERE, ha procesado a los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentran seis exconsejeros, tras concluir la pieza «política» de los ERE relativa al procedimiento empleado por la Junta para pagar ayudas a empresas, en la que hay 26 investigados.
En un auto de casi un centenar de páginas, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla considera que ambos expresidentes socialistas habrían cometido un «delito continuado de prevaricación» administrativa, para ambos. El delito de prevaricación no supondría penas de prisión.
Además de los expresidentes, el juez incluye entre los acusados a seis exconsejeros andaluces: Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. El juez les atribuye a ellos también un delito de prevaricación.
Asimismo a Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y a Vallejo, les imputa también un delito de continuado de malversación de caudales públicos.
La mayor novedad del auto es precisamente la imputación a Griñán del delito de malversación de fondos públicos, algo que el instructor del caso en el Tribunal Supremo no apreció y que, incluso, podría llevar a prisión al expresidente de la Junta. Con el anterior Código Penal, la pena de prisión prevista por malversación es de entre 4 y 8 años.
El magistrado del Supremo sólo atribuía indicios de malversación al exconsejero José Antonio Viera, cuya firma figura en los procedimientos específicos que repartieron a dedo ayudas de 1.000 millones de euros.
Pieza
Esta pieza, denominada técnicamente del procedimiento específico, es la primera que se concluye dentro del caso de los ERE, y en ella el juez deja fuera de los acusados inicialmente a 24 ex altos cargos y miembros del consejo rector de la Agencia IDEA, entre ellos los exconsejeros Antonio Ávila, Martín Soler y Manuel Recio así como el presidente de Unicaja, Braulio Medel.
En el auto, se relata que «entre los años 2000 y 2011 se implantó y mantuvo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía […]un procedimiento […], cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas [.. ]que fueron objeto de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario».
El magistrado cifra en, al menos, 854,8 millones de euros los repartidos de forma discrecional o arbitraria.
Para el juez, en la ejecución de los hechos, intervinieron varias personas a lo largo del tiempo ya «sea participando de manera activa en los mismos, sea omitiendo, de manera absoluta, sus deberes de vigilancia y cuidado», y entre esas personas se encuentran los expresidentes Chaves y Griñán, así como seis exconsejeros.
El magistrado ha comunicado este miércoles a las partes el auto de transformación en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio. A partir de ahora, las acusaciones particulares tienen 45 días naturales para formular escrito solicitando apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
Baja como militantes
Una vez conocido el auto, Chaves y Griñán han pedido su baja voluntaria como militantes del PSOE, han confirmado fuentes socialistas. Ambos exdirigentes se adelantan así a la decisión del PSOE, cuyo Código Etico establece que los militantes a los que se les abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia.
