El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha instado al Gobierno Central a que invierta los cerca de 300 millones de euros que tiene pendiente para la construcción de infraestructuras de depuración, declaradas de Interés General del Estado, en las localidades incluidas en los procedimientos sancionadores de la Unión Europea.
En este sentido, ha destacado que de las 8 aglomeraciones urbanas andaluzas afectadas por la sentencia dictada en 2011 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Reino de España, por no cumplir sus obligaciones en materia de depuración de aguas residuales, cuatro son de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Barbate, Estepona, Matalascañas y Nerja), y que por tanto debe acometer las obras necesarias.
Respecto a las otras cuatro, que son de competencia autonómica (Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa y Coín ), el consejero ha informado que están en ejecución, lo que demuestra el compromiso de la Junta de Andalucía para cumplir los objetivos que marca la Directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales.
Durante su intervención en el Parlamento andaluz, Fiscal ha aclarado que en Alhaurín el Grande se siguen ejecutando las obras del proyecto de ‘Agrupación de vertidos de los núcleos del Bajo Guadalhorce: Alahurín el Grande- Cártama. Provincia de Málaga’. Hay que resaltar que los colectores de conexión de dichas localidades están ya realizados a falta del último tramo, pendiente de definir en función de la ubicación definitiva de la depuradora.
En el caso de Isla Cristina, las obras de conexión de Isla Cristina- La Antilla (Isla Cristina)- Lepe se encuentran ya en un 94%. Además, con el fin de mejorar las infraestructuras de la EDAR de la Antilla se están acometiendo obras de ampliación para reforzar el tratamiento de las aguas residuales que entran a la depuradora, encontrándose actualmente al 86%.
En cuanto a Tarifa, que no disponía inicialmente de estación depuradora, los colectores están finalizados y la EDAR está al 90% de ejecución. Los retrasos en la ejecución de esta obra, que se reiniciará en breve, se justifican por la tramitación de un modificado por cuestiones relativas a la electricidad y al trazado de los colectores.
Respecto al proyecto de Coín, englobado en la aglomeración urbana Álora-Pizarra-Coín, cuyas aguas serán tratadas en la EDAR Bajo Guadalhorce, se están llevando a cabo dos actuaciones. Una, la de aglomeración de vertidos, se encuentra al 75% de su realización, se reiniciará en breve. Y otra, la correspondiente a la EDAR, está adjudicada y pendiente de la resolución de un expediente expropiatorio para iniciar las obras.
En el transcurso de su intervención, el consejero ha recordado que en un principio eran 13 las aglomeraciones urbanas andaluzas que incumplían esta Directiva europea, 37 en toda España, pero que gracias a las inversiones realizadas cinco han podido ser excluidas de este procedimiento (Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Torrox-Costa, Chipiona y Vejer de la Frontera).