La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella ha dado cuenta de un informe de la delegación municipal de Urbanismo, solicitado por la Fiscalía y remitido a la misma, sobre las diferencias entre los documentos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de fechas de 12 de junio de 2009 y de 29 de julio del mismo año.
La concejala del ramo, Isabel Pérez, acompañada por el portavoz del Equipo de Gobierno, Javier Porcuna, ha explicado que dicho informe ha detectado ciertos desajustes en ambos documentos, algunos de menor entidad y otros de mayor calado.
Pérez, que ha señalado que esta cuestión en concreto ha sido abordada también por la Plataforma en defensa de las lindes entre Marbella y Benahavís, ha recordado que el documento del 29 de julio de 2009 fue aprobado en un Pleno Extraordinario y correspondía a la segunda aprobación provisional sobre el PGOU que fue defendido por la exregidora, Ángeles Muñoz.
Desde el Ayuntamiento seguimos a disposición de la Fiscalía para cualquier aclaración o documentación que nos solicite en este sentido, ha subrayado la edil.
Por otro lado, Pérez ha aclarado en la rueda de prensa una información reciente relativa a que el Ayuntamiento dejará de percibir 11 millones de euros por licencias tras la anulación del PGOU de 2010 por parte del Tribunal Supremo.
En este sentido, ha asegurado que se trata de procesos de normalización que el anterior Gobierno del Partido Popular no logró finalizar de forma efectiva; en ningún caso los datos de esa información se referían a nuevas licencias.
Es dinero que debía haberse ingresado si la gestión del PP hubiera sido efectiva y esos 11 millones se suman a los 9 millones que también el partido que está en la oposición dejó prescribir por multas urbanísticas, ha concluido.