El PA de La Línea ha realizado un estudio del estado económico del Ayuntamiento, onsiderando que el equipo de gobierno he vuelto al «día de la marmota». Se transcribe a continuación:
Durante 4 años, primero mi amigo y compañero Juan Carlos Villalba y luego yo mismo, gestionamos el área de Hacienda de nuestro Ayuntamiento.
Un ayuntamiento que encontramos en bancarrota, como ahora explicaré, y que conseguimos enderezar, económicamente. Así, ya en los primeros presupuestos que confeccionamos, los del año 2012, conseguimos reducir el volumen total de lo consignado en el Capítulo I, siendo significativamente disminuido con respecto al del ejercicio anterior, en torno a los 3 millones de euros, un 8´5 %.
Los primeros presupuestos con superávit real en muchos años que, según palabras del propio interventor registradas en su informe de los mismos, ha de permitir consolidar un ahorro neto consistente que vaya devolviendo ciertas posiciones de liquidez.
El reconocimiento a este trabajo, bien hecho durante la legislatura anterior, se ve recogido en el informe que el pasado diciembre de 2017 realizó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
En dicho informe, se recoge que en términos de contabilidad nacional, en los años 2013 y 2014 el Ayuntamiento de La Línea ha tenido capacidad de financiación, mientras que en los dos últimos ha tenido necesidad de financiación.
De igual forma registra que en los años 2014 y 2015 las tasas de evolución del gasto computable han sido siempre inferiores a las permitidas. En el año, 2016, por el contrario, la tasa de evolución del gasto computable del ayuntamiento (cercana al 12%) ha sido muy superior a la de referencia, incumpliendo por ello la Regla del Gasto.
No obstante, acudir a informes de entidades externas al Ayuntamiento tan solo nos sirve para confirmar lo que ya sabemos y que día a día intentamos explicar a los ciudadanos linenses.
Por tanto, se hace, antes que nada, necesario recordar la situación en la que se encontraba el Ayuntamiento de La Línea, en cuanto a sus arcas, cuando llegamos al gobierno.
En cuanto a los ingresos, de los 54.186.424,88 euros reconocidos por operaciones corrientes, la recaudación líquida era de 38.946.540,91 euros. De esta cantidad 15.784.896,25 euros correspondían a la PIE y la compensación del IAE, importe que estaba siendo retenido en un 100%, por lo que no entraba en la tesorería municipal.
Otros 1.391.774,00 euros correspondían al FEIL 2010, que no fue ingresado en el ejercicio 2011.
Otros 2.845.007,60 euros correspondían a las transferencias realizadas por la Junta de Andalucía para el abono de los gastos por los servicios derivados de la Ley de Dependencia, 5.147.860,00 euros que eran retenidos por el Servicio Provincial de Recaudación, gobernada por el PP, de los cuales 2.047.860,00 euros correspondían al pago al Consorcio Provincial de Incendios, 800.000,00 euros al premio de cobranza, y 2.300.000,00 euros en concepto de pago a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar por el servicio de recogida domiciliaria de basuras.
Por lo que una vez descontados estos conceptos los ingresos líquidos corrientes no afectados que nos dejó el PP al final de su mandato ascendieron a 13.777.003,06 euros.
Con este importe había que hacer frente a una nómina líquida que ascendía a 21.108.415,43 euros, por lo que sólo para el abono de la misma faltaban 7.331.412,37 euros.
Al margen de la nómina, había otros gastos por servicios básicos a los que habría que hacer frente. Así, tomando como base el año anterior a nuestra llegada al gobierno, el suministro eléctrico fue de 1.469.000,00 euros, el gasto en combustible de los vehículos municipales, principalmente policía, fue 269.000,00 euros, los suministros básicos de material de oficina (folios, tóner, productos limpieza, publicaciones etc ) fueron alrededor de 100.000,00, el abono de las operaciones de préstamo unos 1.876.000,00 euros, etc.
Además, se empezaban a acumular las sentencias judiciales firmes obligando al abono de deudas a las que no se podían hacer frente y que se encontraban bajo la advertencia de imposición de sanciones en caso de incumplimiento, obligando a afectar ingresos futuros como era el caso de los nuevos conceptos como el de Participación en los Ingresos de la Junta de Andalucía a fin de evitar tales sanciones.
Las de mayor cuantía fueron:
Grupo Cespa: 12.138.000,00 euros, más intereses.
Grupo Isolux: 18.681.000,00 euros, más intereses.
Familia Tarda: 3.543.069,98 euros, más intereses.
El impago de estas deudas estaba además acumulando una cantidad de intereses de demora imposible de asumir ni tan siquiera presupuestariamente.
A todo ello hubo que sumarle que entre los años 2.000 y 2.010 se utilizaron fondos afectados a subvenciones concretas para el abono de gastos corrientes, como los Fondos de Inversión Local de 2009 de los cuales hubo que devolver un importe superior a 5 millones de euros. O las ayudas del Ministerio de Industria a la Agencia de Desarrollo Económico (organismo municipal) por valor de 900.000 que no se ejecutaron y que, aún hoy en día, en los presupuestos municipales de este año 2018 se está devolviendo. O el préstamo a la misma Agencia que se realizó en el año 2008 para la ejecución de la obra de Reurbanización y Mejora del Polígono Industrial Zabal Bajo proyecto que ascendió a un total de 1.841532,49 euros. La ayuda consistió en un préstamo sin intereses con un plazo de amortización de 15 años, 5 de ellos de carencia, siendo la primera cuota de amortización en el ejercicio 2013.
A lo que hay que sumar la deuda tanto con la Agencia Tributaria como con la Seguridad Social que rondaba los 39,5 millones de euros, cuantía que se encontraba en distintos expedientes de deducción de deuda y que eran las causantes de las retenciones del 100% de nuestra PIE. Además, el impago de las cuotas corrientes y, por tanto, la aplicación de recargos e intereses sobre las mismas provocaban que, pese a las retenciones aplicadas, el volumen total de deuda se mantuviese casi inalterable.
En este aspecto, hay que reseñar que han sido innumerables las solicitudes a los distintos gobiernos estatales del PP de conseguir para nuestra ciudad un trato de favor que nos hiciera viable el pago de esta deuda con la AEAT y la SS, al estilo del que se le facilitó a Marbella en los Presupuestos Generales del Estado del año 2012. Aunque no tuvimos la misma suerte.
Así, el volumen total de deuda que arrojaba el remanente de tesorería cuando llegamos al gobierno municipal, se situaba en 114.990.150,95 euros, importe que duplicaba los ingresos liquidados por operaciones corrientes que ascendieron a 53.786.211,30 euros.
En cuanto a la carga financiera, el volumen de operaciones de tesorería se situaba en 9.154.725.01 euros, un 63% sobre el límite máximo, y la carga financiera global en 39,5%, muy lejos del límite del 110%, por lo que habría margen suficiente para la contratación de nuevas operaciones financieras tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, esto era inviable ya que el problema existente era la incapacidad de reembolso para estas operaciones, siendo ésta la causa principal de que la carga financiera no hubiese aumentado aún más.
Con el escenario descrito en los párrafos anteriores era evidente que la situación de la tesorería municipal era del todo insostenible, haciendo imprescindible el apoyo decidido por parte de las distintas administraciones. Apoyo sin el cual resultaba imposible recuperar la viabilidad económica, dado el previsible incremento de la deuda municipal. Una situación y perspectiva que entendemos era previsible desde hace varios ejercicios y que habría sido necesario hacerle frente de manera más activa y adecuada.
No obstante, no recibimos ninguna ayuda de excelencia o singular por parte de ninguna de las Administraciones superiores, que no se fuesen generalizadas para el conjunto de Entidades Locales de nuestro país.
Aun así, el esfuerzo del gobierno municipal de la pasada legislatura, como he señalado al principio, configuró una senda de recuperación económica para nuestro Ayuntamiento, de la cual, ingenuo de nosotros, pensábamos que no habría posibilidades de desviarse de ella por parte de futuros gobiernos municipales.
Y digo ingenuo porque apenas llegado el nuevo gobierno municipal se disparó el gasto.
Prueba de ello es el citado informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Aunque, como dije antes, no es necesario acudir a dicho informe ya que basta leerse el informe nº 299/18 del Sr. Interventor Accidental del Ayuntamiento para que incluso corrija al alza los malos datos que señala el mismo organismo fiscal estatal.
Así, el sr. Interventor accidental en el informe citado anteriormente de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla del gasto y del límite de la deuda, en su punto octavo, señala que no se cumple con el Objetivo de Deuda Pública. Es más, las sitúa en el 308,06%.
Llegado a este punto, el Sr. Interventor se pregunta si no es necesario realizar algún plan económico financiero para corregir esta deuda que supera el nivel máximo permitido del 110%. Y ello habiéndose llevado a Pleno de la Corporación Municipal en agosto de 2017 dicho Plan para su aprobación, donde, en su propuesta de acuerdo, el propio Juan Franco reconoce que se realiza por el incumplimiento durante los años 2015 y 2016 de todos los deberes económicos impuestos por el Ministerio y que han dado lugar a un incremento de la Deuda Pública, entra otras consecuencias.
No obstante, y ante la continuidad en el aumento del gasto, es decir, el fracaso eminente de dicho Plan, la Sra. Interventora consulta con la Subdirección General de Estudios Financieros Locales. La respuesta de ésta no puede ser más reveladora: dado que el alto volumen de deuda ha sido previamente autorizado por el órgano de tutela financiera, se deriva de operaciones de préstamos amparadas en Reales Decreto Ley de carácter extraordinario y que se está inmerso en un plan de Ajuste visado por dicha Subdirección, no habría incumplimiento del nivel de deuda.
Pero traduzcamos todo esto para que el ciudadano de la calle pueda entender que ésta ocurriendo en el Ayuntamiento de La Línea con su dinero.
La respuesta dada por la Subdirección General de Estudios Financieros Locales correspondiente al Ministerio de Hacienda y Función Pública demuestra a todas luces la permisividad que desde el Gobierno de España del PP se le está dando a este Gobierno Local para endeudarse hasta límites insospechados, poniendo en riesgo grave el futuro económico municipal. Pues es esa subdirección del Ministerio y no otro órgano quien tiene que tutelar, velar por el buen funcionamiento de las cuentas municipales.
Sin embargo, en lugar de obligar a corregir la Deuda, permite aumentarla. Esta permisividad contrasta con la severidad en el trato a otros ayuntamientos que no están gobernados por el PP, como bien vienen denunciando distintos alcaldes.
Por lo que habría que preguntarse ¿por qué se tiene esta permisividad en la deuda?
La respuesta, por alguien como yo que desde la cuna viene amamantando la política y sus análisis, es bastante fácil. No tener recortes económicos para poder contratar empresas privadas a la hora de la prestación de servicios, es decir, hacer una legislatura sin recortes, con derroches inclusive, que permita vender políticamente una excelente gestión ante los ciudadanos con el único objetivo de vencer en las próximas elecciones.
Pero ¿tan importante es la Alcaldía de una ciudad como La Línea para el gobierno central del PP hasta permitir este endeudamiento? Se ve que sí. Que el asunto Gibraltar lo hace así. De lo que puedo dar fe personalmente a raíz de las distintas propuestas y presiones que tuvimos los hombres y mujeres del Partido Andalucista en el año 2011 para no acceder al gobierno municipal.
Pero sigamos analizando la situación actual municipal.
La importante deuda municipal es fruto principal de dos hechos:
El primero de ello los planes de Pago a Proveedores que han convertido estos pagos en deuda financiera, pero que a la postre, la deuda se mantiene. Ello origina, por el contrario, una disminución en el Remanente Negativo de Tesorería. Es decir, para que el ciudadano lo entienda, las deudas que se tenían con los proveedores (la mayoría se originaron entre el 2000 y 2010 como expliqué antes) se quitan de un lado y se llevan a otro. Por lo tanto, baja la deuda donde antes estaba (Remanente de Tesorería) y sube en el otro concepto (deuda financiera, o sea, deuda por préstamos con entidades bancarias). No obstante, no se prevé que el Remanente de Tesorería sea positivo hasta el año 2028, siempre según informe de la propia Intervención del Ayuntamiento.
El segundo de ellos los distintos préstamos (operaciones financieras) que el Gobierno de España le ha concedido a nuestro Ciudad. Préstamos que, por supuesto, generan intereses que hay que abonar. Es decir, que no es un regalo del Estado a la ciudad. Aunque lo más grave de este asunto, además de los más de 150 millones de euros que alcanza esta Deuda Pública, está en que, como no se pueden abonar los intereses de esta deuda, o bien se piden nuevos préstamos para hacer frente a estos intereses o bien se solicitan periodos de carencia.
Esto origina que, por ejemplo, que en los presupuestos de este año 2018, disminuyan los gastos. Pero NO porque disminuyan en sí, sino porque los intereses que había que pagar no se van a pagar tras habérsele concedido al ayuntamiento dos años más de carencia en esos préstamos. Luego, al no tener que pagarse, disminuye el gasto previsto. Y aquí está otra trampa contable del gobierno de Franco.
Si la refinanciación de la deuda a través del Fondo de Ordenación hace bajar el gasto en 5.634.999 (gasto financiero), pero en realidad el presupuesto del gasto total solo disminuye en 3.664.663 , ¿a dónde van a parar los 2 millones de euros que supuestamente deberíamos ahorrarnos y no nos ahorramos? Es decir, los dos años de carencia en el pago de los préstamos sirve al gobierno de Franco para, primero, gastarse esos 2 millones de euros en otras cosas y, segundo, dejarle el pago de la deuda y el incremento del gasto al que venga en la siguiente legislatura.
Es por ello que creo que estamos presenciando un paralelismo (aunque en menor escala y salvando las diferencias obvias) con las actuaciones de gobierno que en su día realizó Juárez, primero con el GIL y luego en el PP. Una política de imagen de la ciudad, tanto en vallas publicitarias (contratando empresas y sosteniendo económicamente a medios de comunicación), como a niveles de venta de la gestión municipal basada principalmente en adornos, florituras y mucha venta de humo. Pero sobre todo en la entrega de los servicios municipales en manos privadas. Es decir, una privatización de los servicios públicos.
Aunque en el caso de Franco, está utilizando un nuevo sistema de privatización de los servicios públicos un tanto peculiar. Una semiprivatización.
Cuántas veces hemos oído y leído decir a los señores y señoras del 100×100 que el problema del ayuntamiento, en cuanto a la prestación de los servicios, era que la plantilla de trabajadores no estaba convenientemente reestructurada ni organizada. Vamos que era un problema del concejal que mandaba, que no servía. Pues bien, ese discurso ya ha sido modificado a no hay suficiente efectivos, es necesario incorporar empresas privadas de apoyo a la prestación de los servicios, son necesarios refuerzos externos, etc. Y aquí está la clave. El hecho de incorporar empresas privadas a la prestación del servicio público que se presta desde el Ayuntamiento por parte de los trabajadores municipales hace que se ahorre problemas sindicales a la hora de incorporar a estos trabajadores a las nuevas empresas concesionarias. Y si, a la vez, no está controlada la prestación de ese servicio por parte de ningún responsable del Ayuntamiento, nos podemos encontrar con trabajadores municipales prestando apoyo a las tareas que las empresas privadas deben realizar con sus propios trabajadores. Por lo que pregunto a los representantes sindicales ¿no sería esto prestamismo laboral? ¿No sería ilegal tal prestamismo? ¿conocen las secciones sindicales del Ayuntamiento linense si esto se está produciendo en la actualidad?
Y es que, verán ustedes. Si para el cumplimiento del gasto se unifican los capítulos 1 (gasto de personal del ayuntamiento) con el capítulo 2 (Gastos Corrientes en bienes y servicios) y el Capítulo 6 (Gastos en inversiones), tenemos que, manteniéndose la suma de los 3 por debajo de lo exigido en el Plan de Ajustes, se puede aumentar uno y disminuir otros.
Y eso es precisamente lo que ha hecho Franco y su gobierno.
Así, si en el año 2017, después de quitarle los 408 a los trabajadores municipales se redujo el capítulo 1 en 2.378.000 (que contrasta con la reducción de 3 millones de euros que ya hicimos en el año 2012 sin excesivos aspavientos y sin sacar pecho como si se hubiera realizado una proeza económica), se aumentaron la productividad y gratificaciones en 1.130.000 y el capítulo 2 en el resto, casi 1,4 millones de euros.
Es decir, se quitó sueldo a la totalidad de los trabajadores municipales para, casi la mitad de lo que se quitó, dársela a los mismos trabajadores municipales. Eso sí, a los que el gobierno de Franco decía que había que dársela. Esto ha supuesto numerosos informes con reparos de la Intervención Municipal dada la arbitrariedad de los pagos en la productividad.
Pero más de la mitad de esa reducción del capítulo 1 se pasa al capítulo 2.
Destinándose en el citado año 2017:
188.000 para la 1ª fase de realización del PGOU
568.000 para los refuerzos de los servicios de limpieza viaria y mantenimiento de jardines municipales.
70.000 gastos mantenimiento de playas.
98.000 gastos mantenimiento y actividades culturales
Es decir, contrataciones de empresas privadas.
No obstante, se riza el rizo en los presupuestos del año 2018, donde se reduce el capítulo 1 NO como consecuencia de disminución de la plantilla, sino porque se dejan de dotar las plazas vacantes. Esto produce un supuesto ahorro de 380.800 que junto a los 170.000 que se quitan de inversiones van a parar al capítulo 2 de gastos. Es decir, a contratar empresas de apoyo. Limpieza de colegios, refuerzo en la limpieza viaria, jardinería, etc.
Pero expliquemos tranquilamente lo que significa dejar de dotar las plazas vacantes y las consecuencias de enviar este dinero al Capítulo 2.
Primero, hay que explicarle al ciudadano de calle que en los presupuestos deben ir recogido todos los ingresos que se prevén hacer y todos los gastos. Así, en cuanto al personal que trabaja en el Ayuntamiento, existen una serie de puestos que no están ocupados (vacantes) pero que pueden ser ocupados y, por tanto, el Ayuntamiento en sus presupuestos debe dotarlos, es decir, colocar sus sueldos y demás gastos salariales. Si al final del ejercicio contable (el año) no se han cubierto, supone un dinero que no se ha gastado y, por tanto, un ahorro.
Pero en este año 2018, ese dinero que antes no se gastaba, se pasa al capítulo 2, es decir, se va a gastar en contratar empresas privadas. Ello traerá como consecuencia un aumento en el gasto. Además de hacer prácticamente nula la inversión en la ciudad ya que, como he explicado, el capítulo 6 lo deja prácticamente sin dotación presupuestaria. Es decir, no existe dinero para asfaltar las calles (no olvidemos que lo está haciendo la Diputación Provincial), o para reparar el maltrecho alcantarillado de la ciudad (se ha presentado un plan de inversiones pero que supuestamente hará la Mancomunidad de Municipios), etc, etc.
Evidentemente, este aumento del gasto producirá irremediablemente un aumento de la Deuda Pública y un estrés en la Tesorería Municipal que deberá hacer frente a numerosos pagos a empresas privadas sin dejar de cumplir la regla del gasto y dentro de los plazos obligados por el Ministerio de Hacienda, por no hablar de los numerosos gastos irregulares que están ocasionando demasiados procedimientos de reconocimiento extrajudiciales de crédito, algo por, quien sabe, tenga que dar cuenta Juan Franco a los tribunales de justicia en un futuro.
Por cierto, hablando de tribunales de Justicia, entiendo que es interesante apuntar que los trabajadores laborales del Ayuntamiento están pendientes de celebración de juicio tras la denuncia que presentaron en el Juzgado de lo Social contra el Ayuntamiento por la, que yo entiendo injusta, retirada de los 408 de sus salarios.
Con ello quiero decir que, si en un más que posible supuesto éstos obtuvieron una sentencia favorable, el Ayuntamiento se vería obligado ya no solo a incorporar este dinero en las nóminas de estos trabajadores, sino que es muy posible que también tenga que abonar estar cantidades con efecto retroactivo.
Ante este panorama, y aunque el gobierno municipal recurra la sentencia al TSJA, no cabe la menor duda de que la bancarrota sería total y absoluta en las arcas municipales.
En resumen, un Remanente Negativo en la Tesorería Municipal que no se recuperará hasta 2028, una Deuda Pública que supera el 300% y aumentando, unos impuestos al máximo y, como diría un aficionado al futbol, patadón hacia arriba de Juan Franco al balón y sin esperar a que baje, continua con sus despilfarros y sus semiprivatizaciones de los servicios que, por otro lado, no están suponiendo una mejoría evidente en éstos, por mucho que sus palmeros intenten convencer a los linenses de lo contrario.
Con estos datos no cabe la menor duda que, sin ánimo de ser pesimista, en el momento que se acaben los periodos de carencia y haya que hacer frente a los distintos préstamos (a partir del año 2019-2020) el nuevo gobierno municipal se encuentre en la más absoluta bancarrota.
Es muy probable que para el pago de estos préstamos el Gobierno de España retenga el 100% de los Ingresos del Estado, como ya nos encontramos nosotros tras los 16 años de gobierno del GIL-PP. Lo cual provocaría la imposibilidad del pago para las empresas privadas que gestionan los servicios públicos, y el abandono de estas prestaciones, y lo que aún es más grave, la imposibilidad de hacer frente a la nómina de los trabajadores municipales.
Es por ello que se hace urgente, en primer lugar, la disminución del gasto en el capítulo 2, pero, sobre todo, en segundo lugar, ayudas especiales de las administraciones superiores para nuestra ciudad.
Juan Franco y su gobierno del PP han demostrado su incapacidad para gestionar el Ayuntamiento. Se han cargado los cimientos para sanear la economía municipal que gestionamos J.C. Villalba y yo con los hombres y mujeres del PSOE que formamos el gobierno anterior, y con un excelente y comprometido trabajo del personal de Intervención, Tesorería y Gestión Tributaria, con los habilitados nacionales al frente, entre lo que se encontraba, casualidades de la vida, el Juan Franco funcionario, de quién nunca creí que llegara a decepcionarme tanto.
Pero lo más grave es que Juan Franco, por conseguir la Alcaldía en su insuperable afán de protagonismo, entregó el Ayuntamiento al Gobierno Estatal del PP, hipotecando el futuro de nuestra ciudad, en lugar de hacerles frente como linense exigiendo un plan económico especial y no migajas a compartir con otros Ayuntamientos.
La Línea es especial, es singular. Y merece un trato especial. Por ello se necesita un alcalde sin ataduras con partidos políticos a nivel estatal, sin compromisos. Un alcalde que no esté pensando, que no esté gestionando para conseguir un puesto superior en la política fuera de La Línea, quizás como presidente de la Mancomunidad y así vivir de la política en lugar de ser funcionario.
La Línea de la Concepción, a quién el anterior equipo de gobierno que conformamos socialistas y andalucistas encontramos tirada en la calle, desangrándose, y que fuimos capaces de cortar la hemorragia e ingresarla en la UCI para estabilizarla, continua en la UCI y con la posibilidad de bajarla a planta cada vez más lejana. Juan Franco y el PP en lugar de diagnosticar la enfermedad y aplicarle el tratamiento adecuado, han optado por maquillarla y vestirla para las visitas, esperando el fatal desenlace .Y eso es lo que tenemos que impedir. La responsabilidad nos llama de nuevo. No podemos permitir que, en junio de 2019, cuando tome posesión la nueva Corporación, se celebre en nuestra ciudad el día de la marmota, o sea, que vuelva a amanecer el 11 de junio de 2011.
