El diputado socialista en el Congreso, Salvador de la Encina, ha exigido al Gobierno que no opte por lavarse las manos en el conflicto que todos los años se repite con el taponamiento del Río Guadiaro, en lugar de procurar el entendimiento entre la partes a un problema que debe solucionarse sin más dilación.
De la Encina ha defendido la actuación del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que legítimamente está defendiendo los intereses de sus conciudadanos y es lógico que se sitúe del lado de los vecinos que sensibilizados con el problema este verano han tratado hasta de poner de su parte y colaborar en la apertura de la bocana del río para evitar la mortandad de peces.
Basta con voluntad política, ha dicho De la Encina, que apela a la capacidad de diálogo de todas las partes para resolver una situación que no es tan complicada, ni supone un desembolso económico tan grande.
El informe jurídico no puede basarse en un discernimiento del tipo de fauna afectada por el taponamiento del Río, sino en la existencia de un problema estructural del propio litoral y del río que lo causa, y ambos son competencia estatal, asegura De la Encina que no quiere pensar que se esté ante un caso de sectarismo político, pues no se entiende el agravio respecto al río salado en Conil donde el Gobierno actúa sin contemplaciones como también hizo sobre el mismo terreno en ocasiones anteriores antes de decidirse a generar una polémica innecesaria y a todas luces absurda de cara a la ciudadanía que lo que espera de sus gobernantes son soluciones y no problemas.
Por eso, insiste en que la actitud de Ruiz Boix es justa y lógica y son otros los que deben bajarse del burro y reaccionar sin tener que llegar a más. En este sentido, ha pedido explicaciones al Gobierno por la actitud de cerrazón de los responsables del Ejecutivo en la provincia y en Andalucía y en este sentido, ha registrado hoy mismo una iniciativa para elevar este asunto a la cámara baja.
Hace unos días, el alcalde presentó ante un juzgado de San Roque una denuncia contra el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el subdelegado en Cádiz, Agustín Muñoz, y el director de la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico. Consideraba que podrían ser autores de unos delitos de prevaricación así como contra la protección del medio ambiente por la falta de actuación en la bocana.
El Consistorio -ha señalado el alcalde- es el único que ha invertido 14.000 euros de dinero de los sanroqueños para abrir esa bocana, mientras el Gobierno de la Nación sigue mirando a otro lado. Pero sí actúa en otros municipios, como ocurrió en la desembocadura del río Salado, en Conil de la Frontera.
Criticó también que el Gobierno actúa en la regeneración de las distintas playas de la provincia, pero nunca tiene fondos y recursos para las de San Roque. No sé si será una coincidencia por existir aquí un gobierno socialista, o por algún impedimento legal, que no lo creo.
En cuanto al informe de la Abogacía del Estado, apuntó Ruiz Boix que la madre siempre va a decir que su hijo tiene razón, y en raras ocasiones creo que la abogacía del Estado contradiga cualquier iniciativa del Gobierno. Según ha trascendido a los medios de comunicación, la Abogacía del Estado señala que el cierre de la bocana del río Guadiaro es un fenómeno natural, y que la muerte de peces por falta de oxigenación es una cuestión de carácter medioambiental. Por lo tanto, sostiene el documento, subsanar este problema corresponde a la Junta de Andalucía, al estarle cedida esta competencia en el Estatuto de Autonomía.
El primer edil también apuntó a la casualidad de que este informe se haya dado a conocer justo cuando el Ayuntamiento ha presentado su denuncia. Según parece -dijo- estaba encargado hace dos años. Aún no nos han hecho llegar el contenido del mismo para poder estudiarlo, y seguramente poder rebatirlo.
Sigo recordando -recordó el alcalde- que el pasado año, en septiembre de 2016, Demarcación de Costas tuvo competencias para iniciar un expediente sancionador para tratar de castigar a los sanroqueños con una multa de hasta 300.000 euros. Dudo mucho de que quien tiene la competencia para sancionar no la tenga para realizar esa apertura del río Guadiaro.
Además, en este sentido, la primera autoridad municipal considera que la desembocadura debe abrirse en su totalidad, y no sólo un tramo pequeño que permita la oxigenación. De esa manera -apuntó-, se podría comprobar si de verdad el cierre de la bocana es natural y se va cerrando poco a poco. No recuerdo nunca en las últimas décadas haber visto libre el cien por cien de la bocana. Únicamente se abren 10 o 12 metros de anchura. Quizá sea por ese motivo que se vuelve a cerrar.
El alcalde exige al Gobierno de España que ejecute obras demandadas por el Ayuntamiento y la ciudadanía en el municipio de San Roque. Recordó que ahora se basan en un informe de la Abogacía del Estado, pero la realidad es que durante estos seis años no ha habido ningún tipo de actuación del Gobierno de la Nación en el municipio, en ninguna materia.
Entre estos trabajos mencionó trabajos que corresponderían al Ministerio de Fomento en zonas como Puente Mayorga y Pueblo Nuevo. También recordó la demanda histórica de ejecutar, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, la segunda fase del paseo marítimo de Torreguadiaro, entre otras. No hay nada que ofrecer -sostiene Ruiz Boix- porque el Gobierno de España tiene marginado y castigado a San Roque durante seis años. Parece que así va a ser en los próximos dos años, en los que va a continuar el gobierno del Partido Socialista, concluyó.
