Otro sobresalto de última hora amenaza el proceso en el que se encuentra el Pliego de Condiciones para la adjudicación del Programa de Vacaciones de Mayores, comúnmente conocido como programa Imserso, que determinará las vacaciones de invierno de más de 930.000 mayores acreditados durante los próximos cuatro años. Y es que en el día de ayer se conoció la dimisión de la actual directora general del Imserso, Carmen Orta, a falta de pocas semanas para que el pliego de condiciones pasara por la mesa del Consejo de Ministros para su publicación en el BOE. Una inesperada sustitución que, a juicio de expertos en administración pública, puede dar lugar a un retraso en la tramitación del expediente ya que la nueva persona que ocupe este cargo puede querer tutelar desde el inicio este importante programa para cualquier gobierno.
Por ello, desde el sector hotelero queremos advertir de nuevo que un retraso en la planificación y adjudicación volvería a ser letal para el sector, si no se pudiera iniciar la comercialización de los paquetes a principios del mes de septiembre como está previsto. Y es que, entre plazos de presentación, adjudicación, recursos y contrarrecursos, el calendario está ya tan ajustado que no se puede permitir ningún retraso sobre el planning previsto.
Además de esta posibilidad de retraso en la adjudicación, el sector continúa muy preocupado por la estructura del pliego de condiciones y cómo se va a traducir en la mejora de la posición hotelera en la contratación de las próximas ediciones. Como ya hacíamos público hace unas semanas (ver noticia de fecha 5 de noviembre de 2018) el Gobierno tiene que ser sensible a las demandas de un sector que apuesta por la inversión, por la calidad y por el empleo. Los hoteleros españoles no se pueden ver hipotecados por un programa que se extenderá por 4 años más (2 anualidades iniciales más 2 anualidades de prórroga) con unos precios que apenas superan los 20 por persona y día con alojamiento, pensión completa, vino y agua, animación, wifi, televisiones de plasma y hoteles de última generación. Un nuevo programa basado en este planteamiento es completamente inasumible y sólo provoca ruina tras ruina para el sector. Trabajar a pérdidas es un débil estímulo para la parte empresarial, por lo que cada vez serán menos los establecimientos que quieran participar y se degradará el servicio que se presta a los mayores usuarios.
Y los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo Central no sólo no suponen ningún incremento de presupuesto para el programa y para esta mejora, sino que se recorta sobre el presupuesto de 2018, lo que ha generado incredulidad en el sector antes los reiterados compromisos de mejora que se han venido exponiendo por los diferentes responsables.
El Gobierno no puede olvidar que detrás de los establecimientos hoteleros que participan en este programa hay miles de trabajadores, con los que se han comprometido importantes mejoras salariales (un 17% en Baleares o un 8% en Alicante firmados para el periodo 2017-2020); detrás de este programa hay una inversión millonaria en modernización de instalaciones y servicios. Los hoteles que hoy participan no se parecen en nada a los hoteles de hace 25 años, mientras que la estructura administrativa del programa sigue siendo prácticamente la misma que cuando se creó.
El sector exige del Gobierno su solidaridad expresa y considera IMPRESCINDIBLE que los nuevos pliegos contemplen un escenario que permita a los hoteleros, al menos, no perder dinero con el programa. Nadie debe olvidar que los dos pilares básicos son, por un lado, mejorar la calidad de vida de los mayores, pero por otro, y no menos importante, garantizar el empleo hotelero en las zonas turísticas. Si uno de los dos pilares se quiebra, el sistema terminará por caer, y el pilar hotelero está siendo muy descuidado y menospreciado por nuestros gobernantes desde hace muchos años.
El Gobierno no tiene ninguna excusa para el recorte presupuestario y sí tiene muchos argumentos para haber propiciado un incremento de su partida de IMSERSO. El que más gana con el propio programa es el propio Estado: por cada euro que invierte recibe 1,5 por lo que su rentabilidad es del 50% aunque sea a costa de la ruina de cientos de hoteleros españoles. Sólo es necesaria la voluntad política para mejorar el programa tanto en la vía presupuestaria como en la vía de actualizar la aportación de los usuarios que cada día demandan más y mejores servicios y que, además, están dispuestos a pagar por ellos, ya que las cantidades son absolutamente ridículas.
