La asociación rechaza que la financiación del sistema de carreteras públicas pase por una medida que perjudica claramente a los usuarios con menor poder adquisitivo
FACUA-Consumidores en Acción considera lamentable que el Gobierno siga adelante con su plan de implantar peajes obligatorios por hacer uso de todas las carreteras estatales y regionales a partir de 2024, y rechaza que la financiación del sistema de carreteras públicas pase por una medida claramente perjudicial para los usuarios con menor nivel adquisitivo.
El secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, ha confirmado este martes 19 de octubre que finalmente se implantará el pago por el uso de carreteras, aunque ha rechazado llamarlo «peaje» y ha señalado que se tratará de un «sistema de tarificación» para todas las vías de alta capacidad -autovías-. La medida también abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan fijar sus propios precios en las carreteras regionales.
Posteriormente, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado en rueda de prensa que este pago por uso entrará en funcionamiento a inicios de 2024, y ha insistido en que trabajan «en una tarificación que no genere agravios territoriales» y sea justa.
FACUA rechaza de pleno este modelo propuesto por el Gobierno y señala que esta medida, lejos de ser «justa«, terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública.
Así, la asociación entiende que la financiación de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el dinero necesario para el mantenimiento de las vías salga de los impuestos directos de los ciudadanos.
Mientras que la financiación a través de dichos impuestos permite garantizar una cierta progresividad -de manera que los ciudadanos aportan en función de su nivel adquisitivo-, FACUA señala que la implantación de este «sistema de tarificación» en las carreteras supone un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica, lo que perjudica, una vez más, a aquellos con un poder adquisitivo inferior.
Claro perjuicio
De igual forma, esta medida supondría un claro perjuicio para aquellos usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos, que tienen que usar estas vías de forma habitual para sus desplazamientos a centros de trabajo, colegios, hospitales, etc. Además, la asociación también critica que esta solución planteada por el Gobierno consistiría en un auténtico copago o repago, al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos.
Por otra parte, esta medida se está planteando en un momento en el que no está existiendo una apuesta clara por el fomento del transporte colectivo eficaz y eficiente, de manera que represente en la práctica una auténtica alternativa al uso del automóvil para los desplazamientos de los usuarios.
En su primer anuncio sobre este plan, el Ejecutivo justificó esta medida en que los costes de conservación de la red de carreteras de alta capacidad no son posibles de asumir de manera directa por los recursos presupuestarios, y en que se planteó con vista a una minoración de la emisión de gases de efecto invernadero.
En este sentido, FACUA insta al Gobierno a que, si el impacto medioambiental es uno de los motivos, debe apostar firmemente por un transporte público colectivo con infraestructuras suficientes y a un precio asequible como alternativa real al vehículo privado, en lugar de plantear medidas que terminan siendo perjudiciales para los ciudadanos con menor poder adquisitivo.
