El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha solicitado sendas reuniones con la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía para buscar una solución al edificio del antiguo hospital, en la avenida Menéndez Pelayo, conocido popularmente como la “Residencia”, ya que desde su inauguración no llevó el nombre de Hospital sino el de “Residencia Guerra Zunzunegui”.
Paralelamente a estos contactos con administraciones públicas, se reunirá con la asociación de vecinos ‘La Esperanza’, de la barriada de San Bernardo, para plantear un calendario de movilizaciones de protesta. El encuentro se va a celebrar en la tarde de este martes, en el salón de plenos, a las 20.30 horas, con asistencia del presidente de los vecinos, Arturo Valle, y de los portavoces municipales.
“La situación ha llegado a un punto de no retorno y esperamos actuaciones decididas ya, porque la barriada no puede esperar”, manifestó el alcalde, Juan Franco, al término de una reunión con los portavoces de los grupos municipales, Helenio Lucas Fernández; Juan Chacón y Juan Pablo Arriaga, junto al concejal, Andoni Carrión, profesional del SAS; la teniente de alcalde del área de de Salud, Participación Ciudadana y Bienestar Social, Ceferina Peño y la concejal de Salud, Zuleica Molina, para decidir las acciones del Ayuntamiento tras la aprobación unánime en el último pleno de una moción conjunta para la urgente adopción de medidas en el inmueble. En todos los contactos que se mantengan estarán presentes los portavoces municipales para dejar patente la unidad de acción de toda la corporación.
El alcalde considera la situación generada por este edificio como “uno de los problemas más graves y serios de la ciudad”, debido a que el otrora motor económico de la zona de San Bernardo “se ha convertido en un auténtico agujero negro que no solo no genera economía, sino que además es una fuente constante de problemas”, señaló. En estos días ha conocido que la Junta va a llevar a cabo el sellado del edificio. No obstante, estima esta medida como insuficiente, tres años después de su cierre. Juan Franco, recordó que por parte municipal se han intentado varias opciones, como su conversión en centro universitario o en ciudad de la justicia. En el primer caso, mantuvieron contactos con la Universidad Católica de Murcia, Universidad Católica de Valencia y Universidad de Cádiz, entidades que descartaron el proyecto por inviable, debido a la complejidad y el coste de la obra en un edificio de esas dimensiones. Tampoco fructificó la idea de una ciudad de la justicia con la ubicación de una nueva comisaría de la Policía Nacional, la sede de los juzgados y la jefatura de la Policía Local, pues las administraciones estatal y autonómica se han decidido por nuevas construcciones en solares exentos. Otro problema añadido es la existencia de fibrocemento (material que contiene amianto, una sustancia cancerígena) que habría que encapsular con un alto coste económico. Por todo ello, “creo que la opción más viable, por desgracia, sería la demolición”, manifestó el alcalde.
