Desde 1997 que la Unión Europea exige al Gobierno del Reino de España la liberalización de la energía eléctrica y su desregulación la situación empeora para la economía de las clases populares y se incrementa el abuso de las eléctricas privadas. El Ministerio de Industria, encabezado por el ministro José Manuel Soria y su secretario de estado de energía Alberto Nadal, iniciaron una larga batalla en defensa de los intereses de las grandes compañías eléctricas y contra el desarrollo de los sistemas de auto-producción y auto-consumo eléctrico renovable. Pero sobre todo contra las clases populares, las pymes y el pequeño comercio.
Muchas de las normas dictadas por este ministerio son injustas e indefendibles, repugnan al sentido común al tiempo que contravienen incluso directivas europeas relativas al sector energético y a los objetivos de sostenibilidad ambiental. Y, aunque cuentan con la lentitud parcial de los tribunales españoles para salirse con la suya, difícilmente saldrán indemnes de los cientos de demandas planteadas en los tribunales. Saben en el PP que los intentos por impedir el desarrollo de las energías renovables está condenada al fracaso, pero mientras tanto sangran a las personas honradas, humildes y trabajadoras del reino de España y las cinco grandes Hacen caja.
Sistema eléctrico corrupto
El sistema eléctrico español está dominado por tan solo cinco empresas transnacionales que explotan, en régimen de oligopolio, una necesidad básica. Sus clientes son la totalidad de la población, todos los hogares, empresas e industrias del país, consumidores cautivos que no pueden dejar de utilizar la electricidad para satisfacer sus necesidades. Esta es la situación más inmejorable para cualquier empresa comercial.
Los privilegios del oligopolio se fundamentan en la connivencia con el poder político. Estas empresas obtienen una regulación favorable a sus intereses, en detrimento de los de los consumidores, gracias a las influencias de algunos miembros de sus consejos de administración que, en un pasado reciente, fueron altos cargos políticos. Así como con la complicidad del Gobierno Rajoy que persigue a las renovables y facilita mediante un sistema de subastas nada transparentes, incrementos en el recibo de la luz, tan fraudulentos como ilegítimos.
Una equivocación que todas y todos les pagamos
Confiados en el crecimiento infinito, durante los tiempos de la burbuja del ladrillo las empresas del oligopolio eléctrico invirtieron muy fuerte en construir nuevas centrales de gas de ciclo combinado, seguras como estaban que la progresión de la demanda era imparable. Una equivocación. Sus grandes inversiones obedecían a un error de cálculo y vieron pronto amenazada su rentabilidad, porque apenas se utilizan. Menos mal que los amiguetes en el gobierno les ayudan a sobrellevar el mal trago con los pagos por capacidad.
Por tanto mientras engañan y atracan a las clases trabajadoras y populares, se enfrentan a las energías renovables y amenazan y extorsionan el uso de las mismas incluso a niveles particulares y familiares al objeto de recuperar su inversión que por cierto todas y todos les sufragamos.
Además de esto su trato a sus clientes es desigual pues mientras hacen sustanciosas rebajas a las grandes empresas, compañías y grandes grupos industriales en las tarifas, ejecutan con el auxilio gubernamental que los pequeños consumidores familiares y el pequeño comercio page esos apoyos a los grandes.
EL déficit tarifario
Ese es el gran engañabobos al objeto de justificar un complicado sistema de explicación de las tarifas eléctricas y es además la gran hipoteca creada a las clases populares del estado español para justificar un sistema opaco y mafioso de controles de precios y de garantizar que el oligopolio siempre gana y encima haciendo creer que les debemos dinero a las cinco grandes del sector eléctrico, a las socias de UNESA el lobby de la luz en medio de la oscuridad general. Gasto de las eléctricas que nadie comenzando por el Gobierno, nadie, audita y por tanto no sabemos si como nos tememos es falso, muy falso.
Este procedimiento inventado por el Gobierno de Aznar, hace acumular a los consumidores una deuda con las Compañías eléctricas desde el año 2000 al día de hoy de mucho más de 24.000 millones de . Que es ruina para nosotras justificando todas las subidas encubiertas y opacas que sufrimos.
Nacionalizar la producción y la comercialización de energía eléctrica
Encima nos encontramos ante unas compañías ineficaces e ineficientes a la hora de servir y distribuir la electricidad que en gran parte del Estado español se suministra en redes envejecidas, obsoletas y con más que frecuentes averías sin que nadie les exija responsabilidades a las compañías más allá de comunicados de prensa -tan falsos como las justificaciones de la mafia eléctrica-, por parte de autoridades estatales y autonómicas.
Es por ello que desde Alternativa Socilaista entendemos que la electricidad no es un negocio sino un servicio público y un sector estratégico. Que además le resulta caro al Estado, perjudica a numerosos sectores económicos y a toda la población. Por tanto tan solo un servicio público estatal de la electricidad está en condiciones de abaratar y gestionar mejor la distribución y comercialización de energía y el apoyo decidido a las renovables, pues por culpa del oligopolio privado el déficit exterior del estado crece más de lo soportable y dificulta una real y justa recuperación económica igualitaria. Así como evitar otro factor de desigualdad y de incremento de la pobreza.
Es decir mantener al oligopolio privado le resulta excesivamente caro al estado, las pymes y las familias, beneficiando tan solo a inversores privados y los bancos. La única solución realista es nacionalizar.
