La Diputación de Cádiz ha celebrado su Pleno Ordinario del mes de junio con un minuto de silencio inicial por las víctimas del atentado en el aeropuerto de Estambul. Además, la presidenta, Irene García, ha hablado en nombre de la Corporación para dar las gracias al que en los últimos 27 años ha sido secretario de la institución provincial, Joaquín Fernández López-Covarrubias, que en esta sesión se ha despedido de su actividad profesional con motivo de su jubilación.
A continuación ha comenzado el debate de los asuntos de gestión. El primero que ha salido adelante, por unanimidad, ha sido la propuesta de adhesión de la Diputación Provincial al código de buen gobierno local revisado y actualizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Del mismo modo se ha dado el visto bueno (con el voto en contra del Partido Popular) a la incorporación de la Diputación de Cádiz como socio ordinario a la Asociación Española de Municipios del Olivo, considerando que se trata de un sector estratégico para la provincia y necesitado de acciones coordinadas para dar respuesta a los nuevos retos que plantea la Política Agraria Común, como ha explicado la diputada provincial Isabel Moreno.
Precísamente en esa línea, se aprobó la propuesta de adopción de diversos acuerdos en relación con la modificación de criterios de reparto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). En ese sentido, esta moción, que nace de las reclamaciones trasladadas por las organizaciones agrarias de la provincia y de los ayuntamientos de poblaciones gaditanas con una importante actividad agropecuaria, va encaminada a reclamar al Gobierno de la nación un mayor apoyo a los pequeños productores, con la inclusión en el plan de ayudas de cultivos con una importante presencia en la provincia de Cádiz, como son el del olivar de montaña, la remolacha, el trigo duro o el caprino de leche. El PP votó en contra, calificando esta propuesta de electoralista. No obstante, desde el equipo de Gobierno se recordó al grupo popular que el documento elaborado tras las reuniones con las asociaciones del sector estuvo abierto a la participación de todos los grupos de la Corporación sin que el PP introdujera ninguna aportación.
Otra medida que salió adelante por unanimidad es la aprobación del plan de asistencia económica a municipios de población inferior de 5.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia para la realización de inversiones destinadas a la mejora de la pavimentación viaria o a la mejora del mobiliario y la seguridad en parques infantiles de competencia municipal, habiéndose ya recibido las peticiones correspondientes de cada uno de los veintitrés consistorios beneficiarios. El montante de este plan de subvenciones supera los 350.000 euros.
En la sesión del presente mes de junio se han dado pasos para la mejora en el acceso de las prácticas de gobierno electrónico, con el fin de facilitar la gestión diaria de la Diputación y de los ayuntamientos que lo soliciten, mediante la aprobación de la firma del convenio con la Junta de Andalucía para la implantación de la plataforma digital MOAD-HY. Del mismo modo se acordó la puesta en marcha, en virtud del protocolo de colaboración entre las consejerías de Presidencia y Administración Local y de Empleo, Comercio y Empresa de la Junta, de la Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía (RADIA). Se ahonda así en el desarrollo de la red de ‘smart cities’ en la provincia de Cádiz.
En materia de empleo, la diputada Ana Carrera presentó las líneas básicas del Plan Estratégico para el desarrollo socioeconómico y empresarial de la provincia mediante la suscripción de convenios con varias entidades colaboradoras. Se trata de un plan que persigue «potenciar el tejido empresarial y que se facilite la labor de los emprendedores interesados en invertir en la provincia». Este plan, dotado con algo más de 723.000 euros, incluye tres líneas básicas: La primera va encaminada a realizar una prospección y detección de las necesidades y potencialidades del sector empresarial de cada municipio, para lo que se abrirán oficinas técnicas en los mismos. La segunda pasa por realizar una labor de información y sensibilización para el desarrollo socioeconómico y empresarial de las localidades, que se llevará a cabo con la colaboración de las distintas asociaciones empresariales, entendiendo que son las que mejor conocen la realidad empresarial del territorio. Por último, y como consecuencia de las dos líneas de actuación anteriores, se pondrá en marcha un plan de formación «a la carta» para desempleados, con el fin de que tengan mayores posibilidades de inserción laboral en las empresas de sus municipios.
Este plan estratégico fue aprobado, aunque con la abstención de los grupos Ganemos Jerez y Por Cádiz sí se puede, que aún valorando la necesidad de la iniciativa consideraron que debería posponerse la aprobación en Pleno del documento propuesto para que se pudieran introducir una serie de aportaciones en el mismo. También se abstuvieron los representantes del PP y de IU.
Otro de los asuntos que generó debate fue la aprobación definitiva del Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza Energética. Mientras que el representante de Por Cádiz sí se puede se quejó de que «se ha ignorado la participación ciudadana» a la hora de elaborar este plan, desde el equipo de Gobierno la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario, explicó que se trata de un plan elaborado por los trabajadores sociales de los municipios de menos de 20.000 habitantes en colaboración con los técnicos de la Diputación y ha defendido la urgencia del mismo para dar soluciones a la ciudadanía. La propuesta salió adelante con los votos favorables de PSOE, PA y PP y la abstención de IU, Por Cádiz sí se puede y Ganemos Jerez.
Por último, en cuanto a los asuntos de gestión se refiere, se aprobó de forma inicial el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad en el ámbito de la Diputación Provincial. En este caso, con los votos favorables del equipo de Gobierno y en contra de los grupos de la oposición.
