Un total de 16.230 personas se encuentran en lista de espera de recibir la Dependencia en la provincia de Málaga, según el informe presentado esta semana por la Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación en Consejo de Gobierno y difundido hoy por la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Patricia Navarro.
La Junta de Andalucía pondrá en marcha un plan de choque en Dependencia, que contará con una inversión de 77 millones de euros, cuyo objetivo será incorporar al sistema, de manera gradual, a las 109.470 personas pendientes de ser atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Andalucía y que tendrá en cuenta la situación de cada provincia.
Son datos que surgen de esa labor de dotar de mayor transparencia a nuestra Administración autonómica, también en materia de Dependencia. Si hace una semana dábamos cuenta de esas listas de espera ocultas en la Consejería de Salud que hemos sacado a luz, a raíz del diagnóstico realizado se ha elaborado un plan de choque para reducirlas, pues ahora en materia de Dependencia vamos a hacer exactamente igual.
Actualmente en la provincia de Málaga hay 33.551 beneficiarios de algún tipo de prestación otorgada por la Ley de Dependencia, pero tenemos a 16.230 personas pendientes en lista de espera real, donde se incluyen más de 4.000 que no estaban contabilizadas.
El informe de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación cifra en un total de 12.114 las personas actualmente pendientes de que se les realice su Plan Individual de Atención (PIA) en Málaga, para poder disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia (prestación económica, atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, etcétera). Esta cifra es de 75.097 en toda Andalucía.
Según ha explicado la delegada territorial de Políticas Sociales, además este informe ha concluido que 4.116 malagueños no están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente. Son personas que han presentado su solicitud, pero están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia o no.
Por tanto la lista global de espera supera las 16.000 personas en realidad en nuestra provincia, según García Paine, quien ha explicado que el plan de choque tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios. Se prevé aunar en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases.
Otro objetivo fundamental es incorporar al sistema a los dependientes del Grado I o dependencia moderada, que son los que que menos coberturas han tenido hasta el día de hoy, así como digitalizar los trámites para reducir tiempos de respuesta y mejorar la coordinación entre administraciones, ha concluido García Paine.
Se trata de facilitar la interoperabilidad con otros sistemas que tengan relación con la dependencia; revisar los criterios de gestión y los protocolos de actuación, y mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario. Con respecto a la digitalización en el ámbito de la dependencia y los servicios sociales, una de las medidas destacadas será la implantación de un Sistema de Información Integral de Gestión de la Dependencia que permita agilizar el procedimiento. Así, tanto las administraciones como las entidades prestadoras de servicios podrán acceder a la misma base de datos en tiempo real y colaborar entre sí.
Facilitar el acceso
En este sistema se podrá compartir la información y documentación digitalizada, facilitando su acceso a la ciudadanía mediante la ventanilla electrónica. Además, propiciará la interoperabilidad con cualquier sistema relacionado, como, por ejemplo, los de salud o empleo. Todo ello redundará en la disminución del tiempo de espera, al agilizarse el procedimiento administrativo.
Como parte del plan de choque, se revisarán los criterios de gestión y los protocolos de actuación con objeto de mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario, y también con las corporaciones locales, encargadas de la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios.
Otra de las novedades será la aplicación de un sistema de evaluación continua, que permitirá el seguimiento de su funcionamiento, redefiniendo así competencias entre las distintas administraciones que intervienen en el procedimiento; rediseñar los circuitos de intervención para que ganen en eficacia y se agilice la valoración y elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), simplificar los trámites y la documentación solicitada y, por último, la posibilidad de unificar el procedimiento.
Ayudas y subvenciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca
El Consejo de Gobierno ha acordado también el inicio de las actuaciones necesarias para agilizar y simplificar los procedimientos y trámites administrativos en materia de concesión de ayudas y subvenciones competencia de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Esta iniciativa se encuadra, a su vez, en la futura aprobación del Plan estratégico para la mejora de la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero, agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía, que fue acordada el pasado 19 de febrero por el Consejo de Gobierno.
El delegado territorial, Fernando Fernández Tapia, ha recordado que las ayudas al sector suponen importantes cantidades que a través del Programa de Desarrollo Rural que en el marco de 2016-2020 alcanza una cantidad de 2.500 millones de euros, de los que 1.900 proceden de Fondos Europeos.
Nuestra intención es que los trámites burocráticos se simplifiquen al máximo con el fin de que esas ayudas lleguen a los productores en el mínimo tiempo posible, ya que ayudas que se publicaron en la orden de 16 de 2016 de Programa de Desarrollo Rural están resolviéndose actualmente; es decir, han pasado casi tres años para que se liberaran esas ayudas imprescindibles para la mejora de la industria agroalimentaria, ha afirmado el delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Se trata de identificar las trabas administrativas existentes en la actualidad para agilizar el procedimiento de concesión de ayudas, modificar aquellos elementos que se detecten en las bases reguladoras de las ayudas que supongan una carga burocrática al administrado y dar el impulso informático necesario que permita una tramitación telemática de las solicitudes más rápida.
La delegada del Gobierno andaluz ha concluido recordando que los primeros diagnósticos que se están llevando a cabo en la Junta de Andalucía evidencian una pésima gestión presupuestaria, ya que de 2015 a 2018 se dejó de ejecutar una media anual de 2.015 millones, lo que supone un total de 8.434 millones de euros.
Cuántos hospitales, cuántos centros educativos, cuántas depuradores se podían haber hecho con este presupuesto no ejecutado, se ha preguntado Navarro, quien asegura que ello ha afectado a programas tan importantes como son los de fomento empresarial, políticas de empleo e infraestructuras educativas y sanitarias y servicios sociales.
Observamos una pésima gestión presupuestaria cuando se han presentado presupuestos que han sido reiteradamente y deliberadamente incumplidos, en una clara demostración de gestión ineficaz de las políticas publicas, según la delegada.
Por eso, el presupuesto del nuevo Gobierno, previsto para mayo, será creíble y no buscará maquillajes de este tipo para hacer anuncios imposibles, ha aseverado Navarro.
