El Secretario de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, ha manifestado que, al excluir a los interlocutores sociales del órgano de gobernanza que controla las ayudas del sistema de formación para el empleo, cuya convocatoria ha publicado hoy el Gobierno en funciones, se ha «echado por tierra lo que durante todos estos años hemos estado consolidando: un clima de diálogo, consenso, trabajo y acuerdos en materia de formación que plasmó la Ley 30/20015».
«Una Ley», ha explicado, «que ha tenido sus frutos pero con la que la Unión General de Trabajadores sigue siendo muy crítica porque ha llevado a situaciones como la actual, en la que la Administración toma medidas unilateralmente, sin contar con los interlocutores sociales, lo que va a ir claramente en detrimento de la calidad de los proyectos y los planes de formación que se presenten».
Sebastián Pacheco ha subrayado que, además, «desaparecerá el proceso de control y evaluación que por Ley tienen que desarrollar los agentes sociales, lo que impedirá que haya una vigilancia y seguimiento de que este tipo de ayudas con carácter social, se usen para el fin para el que fueron concebidas».
Pacheco ha señalado que el sindicato recurrirá esta decisión y emprenderá las acciones legales oportunas porque que se trata de un planteamiento antisocial y antisindical que supone, además, un incumplimiento directo y flagrante de acuerdos internacionales como el Convenio 88 de la OIT -que establece la consulta a los interlocutores sociales en asuntos relacionados con el empleo-, el acuerdo político que el actual Gobierno asumió con otras fuerzas parlamentarias en la aprobación de la Ley 30/2015, de formación profesional para el empleo y los pronunciamientos de instituciones como la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional.
El Secretario de Formación de UGT ha asegurado que el sindicato seguirá trabajando por la defensa del derecho a la formación de los trabajadores y que ésta se realice con las máximas garantías para la acreditación y cualificación de los trabajadores de este país.
CCOO
«Esta exclusión no puede explicarse en términos legales y es indefendible en términos políticos. La Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional han considerado en sendas sentencias que la presencia de empresarios y sindicatos en este órgano es ajustada a derecho», indican por su parte desde CCOO.
La Ley de 30/2015 ordena «la participación de los agentes sociales en la gobernanza del sistema y en particular el diseño, planificación, control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa, especialmente la dirigida a los trabajadores ocupados».
Pero además, el Servicio Público de Empleo Estatal tiene mayoría absoluta en el Órgano Colegiado, de manera que los interlocutores sociales no tienen capacidad para modificar ninguna propuesta; de hecho, ni siquiera pueden determinar el sentido del informe no vinculante que emite este órgano: varios son los casos en los que CCOO se ha manifestado contrarios a las propuestas de aprobación de varios expedientes sin que la Administración haya cambiado finalmente el sentido de su informe.
Para CCOO, «el Gobierno parece que tiene como único objetivo que no haya testigos, controles, ni seguimiento real de la formación para el empleo que se financia con la cuota de trabajadores y empresas».
