El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se acuerda tarde y mal de Andalucía en el asalto final que parece tener preparado para lograr el tan anhelado objetivo de colocar la bandera española en Gibraltar. Aprovechando el nuevo escenario que se produce con el Brexit, el Gobierno ha desplegado una ofensiva que persigue la cosoberanía del Peñón permitiendo así a sus habitantes gozar de las ventajas de ser británicos y españoles al mismo tiempo además de conservar su autonomía, régimen fiscal y económico pero ya bajo la órbita de nuestro país. Tan seguro está Margallo que, incluso, se muestra plenamente convencido de que será cuestión de unos pocos años para ver este sueño hecho realidad, una vez que, finalmente, se materialice la salida de los británicos de la UE.
Con esa perspectiva por delante, este jueves el presidente en funciones, Mariano Rajoy, recibe a la primera ministra británica, Theresa May, en la Moncloa. Sobre la mesa, el asunto de la Roca así como los múltiples problemas que afectarán a las relaciones comerciales entre ambos países y para los numerosos británicos asentados aquí, más de 30.000 en territorio andaluz. El impacto va más allá de lo estrictamente diplomático afectando a la economía real y muy en especial a las exportaciones españolas así como, también, a la gran cantidad de compatriotas que trabajan o estudian en aquel país.
En principio, el criterio general pasa por evitar perjuicios a unos y otros pero, de momento, no hay garantía alguna de que eso vaya a ocurrir sino todo lo contrario ya que el estropicio puede ser mayúsculo. En el caso de Gibraltar, Margallo quiere contar con el apoyo de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. En verdad, no puede tener queja de la lealtad que ha tenido en la Junta. Nunca se ha querido cuestionar aquí este asunto considerado de Estado aunque abiertamente no se comparta la estrategia seguida por los gobernantes populares. Un planteamiento miope, de cerco y enfrentamiento contra los gibraltareños a los que se ha querido criminalizar sistemáticamente. Han llegado a ejecutar un aislamiento físico, incluso, con el bloqueo caprichoso de la frontera tratando de dañar el normal funcionamiento de la colonia y, con ello, a los más de 9.000 trabajadores andaluces que allí tienen su sustento diario. Ni siquiera se han preocupado estos años por hacer inversiones en el Campo de Gibraltar y mejorar las condiciones de vida de sus residentes, un enclave lastrado por el atraso económico y social, en una de las comarcas más deprimidas de España a la que no han aplicado un mínimo trato especial dada sus singulares condiciones y sus evidentes potencialidades.
Ni siquiera cuando estalló el Brexit se ocuparon de fijar una respuesta común mientras que la Junta constituía, de inmediato, un grupo de trabajo multidisciplinar con el fin de estudiar un tratamiento integral al desafío que tenemos por delante. El desprecio y el olvido ha sido lo habitual, actitud que, por lo demás, no resulta extraña a los campogibraltareños acostumbrados ya durante años al desdén y el abandono de sus gobernantes. Lo más seguro es que Margallo encuentre aquí la reacción oficial debida, respaldo a su reivindicación histórica para no ser así desleales. Pero a buen seguro que desde la Junta se aprovechará la ocasión para poner bien claras las cosas: la necesidad de cuidar los intereses de los andaluces y de sus vecinos al otro lado de la verja que son más comunes de lo que podría parecer.
El contencioso lleva ya más 300 años y, a pesar de lo que piensa nuestro optimista ministro, puede que dure, al menos, otros 300. Lo único que se requiere es que esa guerra diplomática no se ventile a costa de los de siempre, los más débiles, los que nunca han tenido el favor de un gobierno que no se ocupó de ellos, sino todo lo contrario, intentó descaradamente hacerles la vida imposible con tal de fastidiar al otro. Mas allá de las banderas y las fronteras están las personas, las mismas cuyo favor, ahora, se quiere ganar Margallo para su fin último. Tal vez sea ya demasiado tarde.
Por Antonio Yélamo en El Correo de Andalucía