La Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos, Marinas de Andalucía, ha aplaudido la aprobación en el pleno celebrado ayer en el Parlamento de Andalucía de la proposición de Ley por la que se adoptan medidas en materia de plazos concesionales y se modifica la Ley 7/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía. En este sentido, el presidente de Marinas de Andalucía, Manuel Jiménez, ha mostrado su satisfacción por esta tramitación “acogida con positividad por la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía ya que destaca el amplio consenso y la predisposición de las distintas fuerzas políticas que han escuchado las reivindicaciones del sector y han tenido la sensibilidad de recogerlas en este texto legal”.
En este sentido, las inversiones que deberán hacer los puertos deportivos para poder tramitar prórrogas en sus concesiones se basarán en el precio inicial de la inversión efectuada actualizado, fijando un mecanismo claro para poder acometerlas. Igualmente, se han recogido otras cuestiones con respecto al canon y otras modificaciones menores de la redacción de la ley que solicitaban los concesionarios privados.
Jiménez ha señalado igualmente que la ley “viene a dotar de la necesaria seguridad jurídica a los concesionarios, permitirá que se realicen inversiones para mejorar la competitividad de nuestros puertos deportivos y a impulsar el sistema portuario andaluz”.
Según recoge el texto de la modificación de la ley, las medidas que se adoptan van dirigidas, básicamente, al incremento del plazo de las concesiones demaniales portuarias, elevándolo al límite máximo de 30 o 50 años, y permitir prórrogas extraordinarias a las concesiones de puertos deportivos y de instalaciones en zonas portuarias de uso náutico-deportivo destinadas a la prestación del servicio a las embarcaciones deportivas y de ocio, que sean de interés estratégico o relevante para el sistema portuario andaluz o para el desarrollo económico del mismo.
Para ello, añade el documento, la concesionaria se debe comprometer a llevar a cabo determinadas actuaciones de inversión o aportación económica y deben concurrir razones de interés público de orden económico, social, turístico o estratégico que así lo aconsejen.
