La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reclamado al Gobierno central las «infraestructuras necesarias» para Andalucía y, de forma especial, la ejecución de los dos ramales del Corredor Mediterráneo (el central y el del litoral).
Además de esta obra, que es fundamental para el desarrollo económico de la comunidad, Díaz ha exigido que el Ejecutivo apueste también por el AVE a Granada, por el ferrocarril a Almería y por las conexiones del Hospital de Alta Resolución de Lepe (Huelva).
La presidenta ha reafirmado la necesidad de que la Administración del Estado cumpla con la disposición adicional tercera del Estatuto, así como que ponga en marcha un modelo de financiación «que garantice la igualdad y los servicios públicos de calidad».
A su juicio, la «defensa de los intereses de Andalucía exige que reciba una financiación adecuada» y en la actualidad la comunidad recibe «en torno a mil millones menos» que la media por la mala aplicación del modelo.
En este contexto, Díaz ha recordado que «los servicios públicos se mantienen conforme al modelo de financiación, impuestos cedidos e impuestos propios», de modo que con «un sistema justo, se podrían mantener en condiciones más adecuadas».
Susana Díaz ha apuntado la necesidad de «analizar conjuntamente» el modelo de financiación y los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, para «garantizar la prestación de servicios públicos en los estándares de calidad que merecen los ciudadanos».
Es necesario, a su juicio, que la financiación autonómica vaya ligada con el debate de la armonización fiscal, que «evite el dumping entre unas comunidades y otras».
Andalucía defiende un modelo fiscal «progresivo, justo y solidario, donde quien más tiene pague más y quien menos tiene reciba más oxígeno». En ese sentido, todas las decisiones del Gobierno andaluz han estado orientadas a recuperar derechos y a dar «más oxígeno» a las clases medias y trabajadoras.
En este modelo tributario se enmarcan medidas como la rebaja de dos puntos del IRPF a las rentas inferiores a 60.000 euros, la devolución del Impuesto de Hidrocarburos a los transportistas o la mejora del Impuesto de Sucesiones.
