El secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, y la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente del sindicato, Nuria Martínez, han hecho un balance de lo que han sido la siniestralidad y la accidentabilidad laboral en Andalucía en 2016, año en el que ha aumentado la mortalidad un 4,73% respecto a 2015 con cien personas trabajadoras fallecidas en el ámbito laboral. Vamos de mal en peor, -denuncia Martínez-, ya que desde 2013 sigue la tendencia al alza en cuanto a siniestralidad y empeoramiento de la salud.
De las cien personas fallecidas, Martínez ha explicado que la mitad no llegaba al año en la empresa, 23 llevaban menos de un mes y siete estaban en su primer día. Esto nos hace pensar que, sobre todo en el caso de esas siete personas, o no había un contrato de trabajo o no se les había dado la formación y el acompañamiento pertinente para su puesto.
Si bien la dirigente sindical admite que los accidentes graves han bajado respecto a 2015, situándose en 827, CCOO hace una lectura menos positiva de un dato que ya de por si es negativo. Lo que sucede es que los accidentes graves se disfrazan de leves y estos en muchos caso ni se declaran por miedo del trabajador que lo ha sufrido a perder su empleo, de manera que estamos asistiendo a una infravaloración de la accidentabilidad laboral.
Ese escenario de trabajo, donde priman la precariedad laboral y el temor del trabajador, debido a la reforma laboral y a la instrumentalización absoluta de la misma por parte del sector empresarial, ha tenido una traslación incluso a las causas de accidentabilidad en 2016. Estamos ante el año con más accidentes relacionados con el corazón, cerebro y vasos sanguíneos, lo que se traduce en hipertensión, cardiopatías, ictus, o arritmias, de manera que el 41% de los fallecimientos del año pasado se debieron a estas causas y no a la falta de medidas de seguridad como ocurría tradicionalmente.
Para el sindicato eso tiene que ver mucho con las condiciones laborales, ya que los ritmos y cargas de trabajo, la exigencia, el estrés para conciliar, el alargamiento de jornadas, la inseguridad y el miedo a perder el empleo son un cóctel brutal para las personas trabajadoras aunque ni administraciones ni empresariado parecen enterarse.
Ante este panorama, Carbonero y Martínez han hecho un llamamiento para que haya más inspección de trabajo. No es de recibo que haya un inspector por cada 34.000 personas trabajadoras y ha apostillado que en comunidades como la Rioja tienen a 1 por cada 21.000 trabajadores; más agilidad por parte de las administraciones y una ejecución más rápida y contundente de las denuncias. Carbonero, quien ha pedido una oferta de empleo para aumentar la dotación del cuerpo de inspectores en Andalucía, y una Fiscalía especializada y reforzada, ha acusado a la Junta de ser cómplices de la impunidad con la que actúan las empresas en la prevención laboral. No quieren dar datos y eso nos hace pensar que se lo perdonan todo. De hecho, el dirigente ha señalado que el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales ni siquiera gasta el presupuesto que tiene asignado cuando se trata de una materia de la que depende la salud y la vida de las personas, más aún en estos momentos de necesidad.
Por último, Carbonero ha criticado la dejación que hacen las mutuas de su responsabilidad al traspasar enfermedades profesionales al sistema público sanitario. Según datos de CCOO, esa actuación, acentuada por la nueva Ley de Mutuas, le cuesta al SAS 500 millones de euros anuales cuando les corresponde pagarlo a las mutuas y a los mutualistas.
