La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha alertado de los falsos mitos que se introducen en los argumentos para acallar cualquier contestación social ante el desmantelamiento del Estado de bienestar y que son fruto del discurso conservador que domina la Unión Europea.
A su juicio, las tendencias neoliberales que consideran el modelo actual insostenible e inviable económicamente y que propugan el adelgazamiento de los servicios públicos, nacieron en los años 80 y con la crisis financiera se han revitalizado, desembocando en una crisis de valores y de moral. Por ello, ha reinvidicado el valor de lo público ante el incremento de la desigualdad y el deterioro social que, a su vez, han provocado una notable desafección política entre la ciudadanía.
Montero, que ha participado en Ronda en el curso de verano que organiza la Universidad de Málaga sobre los ‘Problemas actuales de la democracia en España’, ha rechazado los argumentos que pretenden hacer creer que no se pueden permitir los actuales niveles de protección social porque se corre el riesgo de que la economía quiebre si no se alcanza el equilibrio presupuestario.
Del mismo modo, ha criticado que se traslade la idea de que en un mundo globalizado la única alternativa es que la competitividad descanse en bajos salarios y baja fiscalidad, y que no queda más remedio que realizar reformas estructurales del gasto público para adelgazar su peso y hacerlo sostenible. No puedo aceptar estos argumentos, ha manifestado, para defender que el concepto de austeridad no es equivalente a recortar, sino a ahorrar mediante la racionalización y fiscalización de los recursos públicos.
Bajo el título La legitimación de lo público, Montero ha desmontado en su disertación algunos de los mitos tan repetidos e inexactos sobre el Estado de bienestar, y que, entre otros, equiparan la actuación del sector público como gasto improductivo, cuando realmente representan una inversión que favorece tanto a la justicia social como a la eficiencia económica. Otro mito falso, según ha expresado, sería considerar los servicios públicos como ineficientes y despilfarradores. En este sentido, se ha referido al caso de Holanda cuya reforma sanitaria de 2006 reemplazó el esquema de seguridad social por un sistema obligatorio de seguros privados que, no solo no permitió generar eficiencias, sino que ha elevado los gastos de su sistema de salud hasta situarse como el segundo país del mundo con mayor gasto en este ámbito, precedido tan solo por EE.UU.
Modelo autonómico
Montero también ha rechazado que la descentralización de la gestión pública sea poco eficiente y ha defendido el modelo autonómico, porque no hay ningún argumento económico para recentralizar competencias. En este punto, se ha planteado que tras el rechazo a las autonomías está implícito el ataque al Estado de bienestar cuyas competencias están transferidas.
Según la consejera, el resultado de todo este proceso ha sido una sociedad más desigual, ya que el coste de la crisis ha recaído sobre las capas medias y bajas de la población, con un notable incremento de la pobreza acentuado por las políticas de ajuste presupuestario que han provocado desafección entre la ciudadanía. Montero ha defendido el sector público como elemento fundamental para aumentar el bienestar de la ciudadanía, asegurar un crecimiento estable y sostenido, favorecer la creación de empleo de calidad y garantizar una redistribución equitativa de la renta y la riqueza. Si algo ha puesto de manifiesto la crisis económica es que el Estado de bienestar es imprescindible para mantener la cohesión social, ha enfatizado.
Montero ha apostado por cambiar el orden de prioridades y terminar con el dogma de que lo primero es la estabilidad presupuestaria y después las políticas sociales. Tenemos que volver a hablar de políticas públicas y de personas, ha manifestado, tras considerar que es un error de partida condicionar toda la política económica a la reducción del déficit cuando se mantiene un nivel de desempleo impropio de una sociedad avanzada, una desigualdad social que se ha disparado y un sistema de protección social acosado por una insuficiencia crónica financiera.
Durante su intervención, también ha aludido a la situación política actual y ha hecho un llamamiento a un acuerdo global entre todas las fuerzas políticas para diseñar un modelo compartido por la gran mayoría, que resuelva los problemas de financiación de los servicios públicos y que permita la recuperación de los derechos económicos y sociales recortados en los últimos años. Es el momento de más consenso y menos imposición, ha subrayado.
Asimismo, ha reivindicado que las comunidades hemos de recuperar nuestro espacio como administraciones prestadoras de la mayoría de los servicios públicos que conforman el Estado de bienestar e iniciar con urgencia el debate para reformar el sistema de financiación autónomica. El punto de partida será determinar qué valores queremos proteger, para en una segunda fase cuantificar el gasto regional en relación con los servicios fundamentales. Montero ha apuntado a un fondo de contingencia, a semejanza del fondo de reserva de las pensiones, que preserve el conjunto de servicios públicos esenciales en épocas de dificultades financieras evitando que los sacrificios recaigan en los ciudadanos.
