La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha pedido al Gobierno central que «devuelva a Andalucía en forma de plan de empleo los 1.000 millones de euros que no se han gastado correspondientes a las cuotas de cotización correspondientes a formación».
López Marín ha dejado claro que el empleo «no se crea con las políticas activas de empleo», sino con la actividad productiva, de forma que considera que «hay determinados planes sectoriales de la Junta que fomentan la actividad, como el plan agroindustrial, el plan industrial o el plan de vivienda, y esos planes deben canalizar la dinamización de determinados sectores» insistiendo en que «la actividad la van a crear las empresas, que ofrecen bienes y servicios».
«La actividad de la Junta es más de fomento y de planificación de los recursos públicos, y orientar hacia donde se tiene que crear el empleo», ha añadido la líder andaluza de CCOO, que ha pedido que el Gobierno estatal «invierta más recursos en Andalucía para que esos planes puedan aumentar su bolsa presupuestaria».
Asimismo, ha demando a la Junta de Andalucía que sea «beligerante» con el Gobierno de España para que las partidas presupuestarias que nos corresponden vengan y que en el nuevo modelo de financiación autonómica se contemple el peso de Andalucía. «Nos tememos que la comunidad andaluza volverá a perder esa batalla para recuperar los derechos que nos corresponden, aunque debe asumirla».
En ese sentido, López apunta que «hay más de 1.000 millones de euros que no se gastaron de las cuotas de formación para el empleo que nos corresponden» y ha pedido que el Gobierno central nos devuelva esos recursos que no hemos gastado en forma de un plan de empleo». «El Gobierno es instado por la propia Defensora del Pueblo estatal, por lo que nosotros instamos a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a que devuelva esas cotizaciones no gastadas de los andaluces en forma de un plan de empleo para nuestra tierra», ha añadido la dirigente sindical, quien considera que para ello «se debería recoger la posición de Defensora y nos deberíamos sentar a articular el plan». Para eso, sólo se necesita «voluntad política para corregir los daños que se están haciendo a Andalucía».
En cuanto a los planes puestos en marcha por la Junta, como el Plan +30 y otros, López Marín cree que «se está errando el tiro», y, aunque reconoce que «se trata de pequeñas políticas donde no hay el dinero suficiente porque la comunidad no tiene todo el margen», ha demandado una revisión «porque esos planes no están dando el rendimiento que se necesita».
A su juicio, «en muchos municipios se dan contrataciones sin efectividad y hay que ver también su resultado, en qué profesiones se han dado, número de inserciones, si ha servido esa cualificación, y además nos gustaría que se informara de los planes a los representantes de los trabajadores en los ayuntamientos, donde conviven trabajadores con experiencia con estos nuevos, y hay que comprobar y vigilar que no se cubran puestos estructurales con estos jóvenes y si se pagan los salarios convenio, para evitar dobles escalas salariales, donde ante una misma actividad hay dos salarios distintos». «Eso sería importante que la Junta lo revisara, y esas son dos denuncias que siempre hemos trasladado, a través de la Consejería de Empleo».
Precisamente sobre la relación con las diferentes consejerías, la dirigente sindical ha defendido que «es importante que con todos los consejeros y consejeras haya efectividad en el diálogo, que valoren y tengan en cuenta las opiniones que trasladan los sindicatos, donde nosotros somos los más representativos». «El objetivo es que los gobiernos no vean a realidad sólo desde la óptica unilateral de la Junta, sino desde la óptica compartida de los trabajadores».
Plan de recualificación para la juventud
López Marín ha lamentado que «se está culpando a los jóvenes de una situación sobrevenida por unas políticas que se han llevado a cabo en este país» y considera que el desempleo juvenil «es un problema más de fondo», y que algunas de las medidas adoptadas por el gobierno «son más de cosmética que de otra cosa».
En ese sentido, considera que «si no se invierte en educación, se dan casos donde mucho de esos jóvenes no han podido acceder a esos ciclos formativos y a la vía educativa y sus padres se han quedado en paro y se les ha obligado a estar en situación de desempleo».
Por ello, aboga por «ir al núcleo del conflicto, pues no hay política integral de lucha contra el paro juvenil». Ha recordado que «los jóvenes son muy heterogéneos, pues algunos tienen gran formación, pero también están en paro y tienen que emigrar y descapitalizar el país, y hay otro tipo de jóvenes que tienen formación media y otros no tienen formación».
Por ello, considera que «se debe analizar lo que requiere cada grupo de jóvenes, cada colectivo, segmentarlo y priorizar a los que son más vulnerables porque no han terminado su formación, o porque las rentas de sus familias no les permiten acceder a determinados derechos». «Queremos que se les priorice, pero no dándoles una ayuda por la que después tengan que tributar, sino con un plan serio de formación y recualificación de adquisición de habilidades y destrezas para tener más posibilidades de encontrar un empleo». «Vamos a hacerlo de manera seria, porque las empresas no van a contratar por la ayuda, sino porque tengan actividad», ha apostillado.
