La Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía han firmado un acuerdo de colaboración para financiar los materiales de las obras del Plan de Fomento de Empleo Agrario 2017, para destinar un total de 7.38 millones de euros.
En el acto, celebrado en el Palacio de San Telmo, el pasado martes día 25, la presidenta de la Junta de Andalucía presidió la firma del convenio de colaboración entre la Administración autonómica y las ocho Diputaciones provinciales.
Así pues, el importe destinado a este fin en la provincia de Málaga asciende a 7.383.841 euros, de los que la Junta de Andalucía sufraga 5.537.880,41euros (un 75%) mientras que la Diputación de Málaga se hace cargo de 1.845.960,13 euros restantes (un 25%). Además la Diputación también se hace cargo del 5% correspondiente a los ayuntamientos y de los costes de la contratación del personal para gestionar el programa y redactar los proyectos a los ayuntamientos, sumando la cantidad que aporta la diputación 3.325.764 euros.
El plan cuenta este año con un aumento sustancial de sus fondos como consecuencia del incremento de la partida aportada por el Estado, que financia la mano de obra del programa, de un 3%, (en torno a 1,5 millones de euros) aumento que afecta a las partidas de la Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales respectivamente.
El PFEA 2017 generará dos millones de jornales y alrededor de 112.000 contratos para abordar más de 2.000 proyectos. En los proyectos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) paga el coste de la mano de obra, mientras que la Junta y las diputaciones financian los gastos de materiales, maquinaria y utensilios. Para percibir la totalidad de los fondos, las instituciones provinciales tienen que acreditar, entre otros requisitos, la aprobación de los proyectos municipales por parte del SEPE y la cuantía que aporta este organismo a cada entidad local.
A través del PFEA se financian obras de interés general, social y de infraestructuras en sectores como el agrícola, ganadero, industrial y de servicios. Igualmente, se realizan iniciativas como la construcción de centros sociales, parques o jardines, la urbanización de polígonos industriales, la mejora del alumbrado público o la conservación y arreglo de calles y caminos, entre otras.
El plan actúa como un elemento de cohesión social y territorial, facilita la permanencia de la población rural en sus territorios y permite a los municipios mejorar sus infraestructuras, estimular las economías locales y facilitar a los jornaleros la protección por desempleo del sistema agrario de la Seguridad Social.
El máximo responsable de la institución provincial Elías Bendodo, ha defendido este programa que es ejemplo de colaboración entre administraciones, a través del cual, se financian obras y servicios de interés general, con el fin de por un lado, de propiciar la contratación por las corporaciones locales de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, y por otro, crear y mejorar infraestructuras básicas, poniendo a disposición de los ciudadanos nuevas instalaciones que proporcionan unos servicios más dignos.
